Qué prohíbe y qué no el decreto ley aprobado por el Gobierno español sobre el comercio de armas con Israel

El Gobierno español aprobó este martes en Consejo de Ministros un Real Decreto ley -que tendrá que ser ratificado por el Congreso- por el que adopta medidas en relación con el comercio armamentístico con Israel. El texto, publicado este miércoles en el BOE , contempla lo siguiente:

1.- “Prohibición” de las “importaciones originarias de Israel” y las “exportaciones destinadas a Israel” de “material de defensa” y de “productos y tecnologías de doble uso”.

2.- “Se denegarán” las solicitudes de autorización de tránsito de varios tipos de combustible con destino a Israel utilizable con fines militares: JP4, JP5 y JP8.

3.- Permite la revocación de autorizaciones vigentes de importaciones y exportaciones.

4.- Más allá de lo armamentístico, prohíbe de la importación de productos originados en los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado.

Este contenido fue anunciado este martes por el propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tanto en rueda de prensa como en sus redes sociales, incluyendo la denegación al tránsito de combustibles de uso militar, pero sin mencionar en un primer momento la denegación del tránsito de armamento. Esta ausencia y otras fueron criticadas públicamente por la Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel, integrada por 600 organizaciones de la sociedad civil. Finalmente, ese punto fue incluido en el texto final.

El decreto ley aprobado es el primero de estas características en la Unión Europea y supone la oficialización de medidas que limitarán el comercio directo de material militar con Israel, aunque no establece un embargo integral a las relaciones armamentísticas con ese país.

El decreto establece la posibilidad de excepciones en caso de “menoscabo” de “intereses generales nacionales"

Excepciones

1.- El decreto, publicado en el BOE este miércoles, nombra la posibilidad de autorizaciones “excepcionales” en caso de “menoscabo” de “intereses generales nacionales”, salvedad con la que se podrían solicitar permisos de importación o exportación de material militar israelí para productos que un ministerio considere “imprescindibles”, por ejemplo.

Estas excepciones tendrán que ser autorizadas por el Consejo de Ministros, previo informe de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso, cuyas actas son clasificadas como secretas desde un decreto de 1987, bajo el amparo de la Ley de Secretos Oficiales. “No se podrán conocer los argumentos que se usen para declarar la excepcionalidad”, señalan organizaciones integradas en la Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel.

“Intereses generales nacionales” es un concepto parecido al empleado alguna vez por el Ministerio de Defensa para recibir envíos de material militar israelí en 2024 y 2025. En estos dos años el portal DataComex de Comercio de España ha justificado varias importaciones de armamento de Israel apelando a “necesidades de la defensa nacional” o asociadas “a programas estratégicos del Ministerio de Defensa, para uso por el propio Ministerio de Defensa de España”.

No se aprueba un veto específico a la contratación con empresas de la industria militar israelí o sus filiales

Contratación y otros asuntos

2.- El decreto no establece una prohibición específica a la contratación pública o privada con empresas de la industria militar israelí o sus filiales, por lo que este tipo de empresas no podrían ser excluidas legalmente en una licitación. Tampoco menciona los al menos 40 contratos de compra adjudicados por España a empresas armamentísticas israelíes o sus filiales entre octubre de 2023 y mayo de 2025.

La Plataforma de Contratación ha anulado recientemente la publicación de tres anuncios de adjudicación de contratos. Fuentes del Gobierno afirman que todos los contratos están revocados, pero los acuerdos de anulación no están aún en la Plataforma, recuerda el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma, Eduardo Melero: “No hay ningún documento en la Plataforma en el que se acuerde la anulación de un contrato”.

Por lo demás, el texto aprobado “limita la definición de transferencias” a “importaciones, exportaciones y tránsitos”, según apunta el investigador Alejandro Pozo, del Centre Delàs, y no menciona “compras y ventas -un concepto más amplio que importaciones y exportaciones- ni transbordos y corretaje”, “que son, junto con el tránsito, los términos usados por el Tratado Internacional sobre Comercio de Armas para definir las transferencias”.

Por primera vez se aprueba una prohibición específica a las importaciones y exportaciones de armamento con Israel

El corretaje de armamento es el negocio de intermediación en operaciones de compraventa, una actividad legítima si se hace con las licencias correspondientes, pero que también está asociada a “subterfugios y chanchullos”, a tráfico ilícito, cuando se realiza sin los controles o la transparencia necesarios por todas las partes.

3.- Otros asuntos que no prohíbe el decreto son la colaboración tecnológica, la asistencia financiera, los servicios de mantenimiento de armamento israelí o de sus filiales, la cooperación en programas de I+D en universidades, así como la participación en ferias armamentísticas o en ejercicios militares conjuntos.

No hay prohibición a la colaboración tecnológica, programas I+D en universidades, asistencia financiera o servicios de mantenimiento de armamentísticas israelíes o filiales

Tránsito y transbordo

4.- El texto aprobado emplea un verbo diferente al de “prohibir” en el caso de los tránsitos. En concreto, recuerda la obligación del Gobierno de “denegar” “las solicitudes de autorización de tránsito” de material militar o productos de doble uso, “de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso”.

Ese enunciado es una descripción de las obligaciones ya existentes hasta ahora y no afecta a las bases de EEUU , principal suministrador de armas a Israel. Esto significa que, en la práctica, pueden producirse escalas en Rota y Morón de armamento desde EEUU con destino a Israel. Así ha ocurrido en varias ocasiones desde octubre de 2023, como contó en 2024 elDiario.es , debido a que España está situada en medio de esas rutas de transporte que suministran al Estado israelí.

El decreto tampoco menciona protocolos de vigilancia específicos para inspeccionar y saber interpretar los documentos de carga de embarcaciones que cubren rutas habituales de suministro de armamento para Israel y que hacen escala en territorio español.

El decreto no menciona los transbordos y no afecta a los tránsitos de material militar por la bases de EEUU, principal suministrador de armas a Israel

Hace un año se detectaron tránsitos y transbordos en lugares como el puerto de Algeciras . Desde RESCOP y el Centre Delàs de Estudios por la Paz indican que, “sin un mecanismo definido de inspección proactiva con instrumentos claros y verificables, como inspecciones sistemáticas, un mayor control aduanero o un escrutinio riguroso de los manifiestos de carga”, esto puede repetirse, ya que la ruta de suministro pasa por España.

Investigadores del Centre Delàs de Estudios por la Paz también señalan que el decreto menciona la denegación de solicitudes de autorización de tránsitos, pero no de transbordos, “haciendo posible que un barco con armas llegue a un puerto español y las cargue en otro buque con destino Israel”.

Por lo demás, podrán seguir pasando embarcaciones que hacen escala en Barcelona o Valencia, por ejemplo, para adquirir combustible e insumos en su ruta hacia puertos de otros países, como Marruecos, para recoger armamento allí y transportarlo a Israel, facilitando un suministro que contribuye a la ocupación israelí.

Sobre comercio no armamentístico, se prohíbe importaciones de los asentamientos pero no hay veto a otras relaciones comerciales que contribuyen a la ocupación israelí o al genocidio

Relaciones comerciales

5.- Sobre el comercio no armamentístico, el decreto prohíbe la importación específica de productos civiles procedentes de asentamientos en los Territorios Ocupados Palestinos. No veta o sanciona el resto de las relaciones comerciales de productos no militares vinculadas a la ocupación israelí.

Hay empresas israelíes y de otras nacionalidades, incluidas españolas , que tienen proyectos y negocios en los Territorios Ocupados Palestinos y que contribuyen con ello a crímenes israelíes, como han denunciado Amnistía Internacional o la relatora de la ONU , con listados. También hay entidades implicadas en la ocupación ilegal sin necesidad de fabricar y exportar productos fabricados en los asentamientos.

La Corte Internacional de Justicia pide a los países, de forma específica , “impedir relaciones comerciales y de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el Territorio Palestino Ocupado”. “Israel intenta encubrir, en muchos aspectos, la huella de la ocupación” en sus productos, recordaba el domingo en esta entrevista Chris Sidoti, uno de los juristas e integrantes de la Comisión de Investigación asignada por la ONU.

Por todo ello, la relatora de Naciones Unidas, siguiendo esta petición de la Corte -y en base a la exigencia de la Convención sobre Genocidio de “prevenir y sancionar”-, lleva tiempo solicitando a los Estados suspensión de sus relaciones comerciales y diplomáticas con Israel, además de embargos integrales.

Ante un genocidio en curso lo que se necesita es un embargo integral, retroactivo y transparente que ponga fin a toda la relación militar entre el Estado español e Israel

Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel, 600 organizaciones

“No es un embargo integral”

La Campaña por el Fin al Comercio de Armas con Israel, integrada por más de seiscientos colectivos y organizaciones, ha emitido un comunicado en el que señala que lo aprobado es un “hito simbólico” ya que “por primera vez” se adoptan medidas en este sentido, pero resalta que se trata de “un embargo parcial”, con “agujeros y graves excepciones” que “permiten la continuidad de las relaciones armamentísticas con Israel en medio de un genocidio”.

También subraya que el decreto “no menciona las bases militares de EEUU, ni la contratación con la industria militar israelí, ni detalles sobre cómo van a controlarse los tránsitos para evitar que nuestros puertos sean un coladero”.

La Red de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina, uno de los colectivos más movilizados, afirma que el texto del Real Decreto-ley aprobado “está muy lejos de responder a las demandas de la sociedad civil, que reclama un embargo integral y una ruptura total de las relaciones con Israel” y destaca “la ausencia de medidas concretas para que los puertos españoles dejen de ser auténticos nodos logísticos del genocidio”.

“Ante un genocidio en curso lo que se necesita es un embargo integral, retroactivo y transparente que ponga fin a toda la relación militar entre el Estado español e Israel y todas las medidas posibles para prevenir y detener el genocidio”, añade el comunicado de la Campaña que integra a las 600 organizaciones.