El delito de malversación se ha convertido en los últimos años en una suerte de comodín del que hace uso parte de la justicia española para perseguir penalmente a quienes no encuentra otra forma de hacerlo.

El procés ha estado en el origen de esta práctica. De una manera estrambótica. En la primera y única ocasión en que se celebró una vista con base en la orden de detención y entrega cursada por el juez Pablo Llarena contra Carles Puigdemont, ante el Tribunal Supremo del Land Schleswig-Holstein, la decisión del tribunal consistió en no admitir la extradición del expresidente catalán para ser juzgado en España por los delitos de rebelión o sedición, pero sí para que pudiera ser juzgado por el delito de malversación.