Con la propuesta del legislador, se tipificaría como delito autónomo la manipulación o falsificación de pruebas en procesos judiciales.

Personas servidores públicas como juezas, fiscales, policías o defensoras públicas enfrentarán penas de hasta 16 años de prisión si con sus actos se condena a un inocente.

Las penas podrían alcanzar hasta 24 años si estos actos los comete una o un abogado defensor, y si se dicta una sentencia condenatoria contra una persona inocente.

En su exposición, el diputado de Morena señaló que, en los 22 centros penitenciarios de la entidad, se tiene una población aproximada de 41 mil personas, entre procesadas y sentenciadas, de las cuales diversas fuentes calculan 18 mil 450 inocentes víctimas de la fabricación de algún delito.

Toluca de Lerdo, México, 25 de s

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