**¡Escándalo en Renovación Popular! Acusaciones de Lavado de Activos**

A seis meses de las elecciones generales de 2026, la fiscal Milagros Salazar, del Equipo Especial Lava Jato, ha preparado una acusación formal por lavado de activos contra el partido Renovación Popular. Este partido es liderado por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien también aspira a la presidencia. La investigación, según el medio Hildebrandt en sus trece, se basa en testimonios, documentos y acuerdos de colaboración eficaz.

Se alega que Renovación Popular, considerado sucesor jurídico de Solidaridad Nacional, habría canalizado y blanqueado fondos ilícitos de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS durante la campaña municipal de 2014. El expediente que respalda la acusación se ha construido a partir de declaraciones de colaboradores eficaces, testigos e investigados, y detalla un esquema de financiamiento ilícito que involucra a figuras clave del entorno de Solidaridad Nacional.

La investigación revela que Martín Bustamante Castillo, entonces dirigente del partido y operador de confianza de Luis Castañeda Lossio, recibió en su departamento de Miraflores sobres con un total de 200 mil dólares entregados por Raymundo Trindade Serra, ejecutivo de Odebrecht, y Raúl Pereira Neto, apoderado de la concesionaria Rutas de Lima. Bustamante también habría recibido 480 mil dólares adicionales de OAS, repartidos en tres entregas ese mismo año.

El modus operandi, según la Fiscalía, consistía en la entrega de sobres manila dentro de mochilas de laptop, evitando el sistema bancario. El dinero se trasladaba a la sede de Telefónica en la Avenida Arequipa, donde José Luna Gálvez, entonces secretario general y jefe de campaña, contaba los fajos y los guardaba. La Fiscalía sostiene que estos fondos se blanquearon registrándolos como "aportes de campaña" a nombre de terceros, pagos de "honorarios" a Castañeda con cheques de Telefónica y la compra de un vehículo que, aunque figuraba a nombre de Bustamante, era utilizado por el alcalde de Lima.

Bustamante detalló que los 200 mil dólares de Odebrecht se distribuyeron en 100 mil para Luna, 70 mil para José Quispe Lévano (jefe de prensa del partido) y dos entregas de 15 mil para Jorge Zegarra Lévano, asesor cercano a Castañeda. Todo el proceso se realizó en efectivo y fuera del sistema financiero, con la instrucción de canalizar esos recursos a la maquinaria electoral.

El expediente también menciona operaciones como el depósito de 300 mil soles en un banco de Jesús María para pagar paquetes televisivos, seguido de la adecuación de contratos publicitarios a los montos realmente desembolsados y el envío de las pautas a los principales canales de televisión. En total, la campaña de 2014 de Luis Castañeda Lossio habría recibido 980 mil dólares en aportes ilícitos: 480 mil de OAS y 500 mil de Odebrecht.

La continuidad jurídica entre Renovación Popular y Solidaridad Nacional es un punto central en la acusación. Tras el fracaso electoral de 2020, Solidaridad Nacional cambió su nombre a Renovación Popular en diciembre de ese año, con la actualización del RUC ante la Sunat en septiembre de 2021. Para el Ministerio Público, este cambio no rompe la responsabilidad legal, ya que se trata de la misma persona jurídica con una nueva denominación.

El expediente fiscal también recoge señales de ocultamiento, como informes de la ONPE con aportantes que luego negaron haber donado y reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera que califican como sospechosos los cobros de cheques de Telefónica a favor de Castañeda.

La Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato, encabezada hasta hace poco por Silvana Carrión, ha solicitado al Poder Judicial que Renovación Popular asuma, junto con los demás investigados, el pago solidario de 238 millones de soles por concepto de reparación civil. Esta solicitud desató una respuesta de López Aliaga, quien exigió públicamente la destitución de Carrión. El Consejo Ejecutivo de la Procuraduría General del Estado, bajo la dirección del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, apartó a Carrión del cargo el 5 de septiembre.

En el Congreso de la República, la comisión presidida por Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular, investiga el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. El grupo ha pasado de citar a testigos a investigar a siete personas, entre ellas fiscales y periodistas, bajo sospecha de haber favorecido a Odebrecht con un pacto avalado por el Poder Judicial. El informe final de la comisión se presentará en octubre, en un contexto en el que el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, ha propuesto eliminar los equipos especiales del Ministerio Público, comenzando por el de Lava Jato.