El Ministerio de Educación ha aterrizado esta tarde a los sindicatos su propuesta genérica de bajada de ratios . El departamento que dirige Pilar Alegría propone reducir hasta 22 el número máximo de estudiantes por aula en Primaria (ahora son 25) y a 25 en la ESO (desde los 30 actuales) con carácter general para toda España, según ha adelantado El País y podido confirmar este periódico.

Dentro de la misma normativa que el Gobierno pretende modificar, la Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria , se incluye también la prometida rebaja de las horas lectivas máximas que debe impartir el profesorado, que bajará a 23 horas en Primaria y 18 en Secundaria. Esta medida afectará a pocas comunidades autónomas, porque la mayoría de ellas ya se manejan en esas cifras.

Si el Gobierno saca delante esta reforma –al ser una ley deberá pasar por el Congreso, lo que implica que el Ejecutivo necesita recabar apoyos– habrá dado respuesta a dos de las principales reivindicaciones del profesorado, que viene exigiéndolas desde que se aprobó la Lomloe en 2020.

Hace dos semanas Educación le anunció a las organizaciones sindicales su intención de rebajar las ratios, pero solo había deslizado algunas ideas generales: lo haría preferentemente en las aulas con alumnado más desfavorecido, en los centros ubicados en entornos socioeconómicamente más vulnerables y en los cursos de transición entre etapas (de la Primaria a la ESO es un momento crítico para el alumnado). También se incluía un anuncio más genérico de bajada generalizada.

Café para todos

Finalmente, el ministerio ha propuesto este martes el café para todos. “El tamaño de los grupos de clase es un tema central en el debate educativo y una preocupación clave para las escuelas, las autoridades educativas y las familias. Hay una percepción generalizada de que las clases más pequeñas son una oportunidad para que los docentes brinden una atención más individualizada, reduzcan el tiempo dedicado a la gestión del aula y adapten mejor su enseñanza a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, beneficiando especialmente a los estudiantes que proceden de entornos ocioeconómicos desfavorecidos”, argumenta en el anteproyecto de ley que ha presentado a los sindicatos.

El texto también incluye, en su segundo artículo, una referencia a que la escuela que forma parte de la red pública y “a fin de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad que se adapte a las características individuales de aquel alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, las Administraciones educativas procurarán una distribución equilibrada de dicho alumnado entre los centros sostenidos con fondos públicos”, en lo que parece un intento más de que la escuela concertada –que forma parte de la red pública por recibir financiación del estado– acoja la parte del alumnado con necesidades educativas especiales que le corresponde y que no está matriculando .

Además, para reforzar la atención a estos estudiantes (las necesidades educativas especiales suelen relacionar con algún tipo de discapacidad) Educación propone que cuenten por dos a la hora de establecer las ratios, en línea con lo que pedían algunos sindicatos. Esto es, para un aula de Primaria que deba tener un máximo de 22 estudiantes, si hay uno con necesidades especiales el máximo será 21, si hay dos será 20, etc. Queda fuera de este cálculo el alumnado con otras necesidades de apoyo educativo, como las altas capacidades, los vulnerables o los que tienen dificultades de aprendizaje (inmigrantes que no dominan la lengua, etc.).

La rebaja de las horas lectivas se implementará, si la reforma sale adelante, a partir del próximo curso, mientras la de las ratios será progresiva a partir del siguiente (2027-28) para Primaria, el posterior (2028-29) para la ESO y uno más (2029-30) para Bachillerato.