Cantabria se ha situado como la comunidad autónoma con menor porcentaje de personas en el denominado “limbo de la dependencia” , con un 1,5% de beneficiarios en esta situación , según el último informe de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales . Este dato sitúa a la región junto a Aragón como las dos comunidades con menor tasa de personas que, pese a tener reconocida una ayuda, aún no la reciben.

No obstante, el mismo estudio advierte de un incremento del 29,9% en el número de solicitantes en lista de espera durante 2025 , lo que convierte a Cantabria en una de las regiones donde más ha crecido el número de dependientes pendientes de recibir prestación .

El informe revela que el tiempo medio de resolución de expedientes en Cantabria es de 211 días , superando el límite legal de 180 días establecido por la normativa. Aunque la comunidad sigue entre las que presentan mejor cobertura de atención , la asociación alerta de una presión creciente sobre el sistema por el aumento de las solicitudes y la ralentización en la tramitación.

A nivel nacional, la situación es preocupante: cada quince minutos fallece una persona dependiente sin haber recibido la prestación que le correspondía. En lo que va de 2025, 25.060 personas han muerto en lista de espera , de las cuales 13.713 aguardaban valoración y 11.347 tenían reconocida una ayuda que nunca llegó a materializarse .

El informe subraya un “cambio de tendencia” tras una década de mejoras. Desde 2015, las listas de espera habían disminuido progresivamente, pero este año se ha producido un repunte que rompe la tendencia. Además, denuncia el aumento del tiempo medio de gestión a 349 días , lo que vulnera el derecho de las personas dependientes a recibir atención en un plazo razonable.

Por comunidades, las que presentan mayores porcentajes de beneficiarios en el limbo son Canarias (31,3%) , País Vasco (15,7%) , Murcia (13,8%) y Cataluña (13,6%) , mientras que Cantabria y Aragón (1,5%) , Galicia (2%) y Navarra (2,1%) figuran como las mejor situadas.

La asociación también critica el auge de los “servicios low cost” , como la ayuda por cuidados familiares o la teleasistencia, frente al retroceso en plazas residenciales y centros de día , que han disminuido en más de 1.700 en lo que va de año. En su opinión, esta tendencia refleja un modelo de atención más centrado en reducir costes que en mejorar la calidad asistencial .

Finalmente, la organización exige al Ministerio de Derechos Sociales una mayor transparencia en la gestión de datos y una evaluación homogénea entre comunidades , con el fin de conocer el alcance real del sistema y garantizar el cumplimiento de la ley.