Más policía en la calle y más juicios implican más presos en las cárceles. La Generalitat de Catalunya se prepara para afrontar las consecuencias del aumento de la actividad policial y judicial derivada de haber puesto como prioridad política la lucha contra la inseguridad y la delincuencia.

Sin llegar los niveles de hace quince años, cuando las prisiones catalanas llegaron a rebasar los 10.000 internos, la Generalitat sí ha detectado un aumento progresivo de la población penitenciaria. En junio de 2025, los centros sumaban 9.098 reclusos. La previsión es que vayan a más.

El aumento de plantilla tanto en Mossos d'Esquadra como en policías locales se ha traducido en más resolución de casos y más detenciones. Unido al incremento de población general y al objetivo político del Govern de lucha contra la multirreincidencia y de una respuesta judicial más rápida, se ha traducido un incremento de la población penitenciaria en Catalunya, la única comunidad, junto a Euskadi, con la transferencia en prisiones transferida.

“La respuesta que como sociedad damos a la delincuencia tiene repercusiones en la seguridad y la cohesión social”, ha explicado en un encuentro con periodistas el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, que ha abogado por un sistema penitenciario “presidido por la mejora de la seguridad interior y la convivencia, así como la mejora de la atención a la población interna”.

El perfil de los nuevos internos es, mayoritariamente, el de un hombre, adulto y en régimen ordinario. Para afrontar este aumento, el Govern construirá en esta legislatura (que finaliza en 2028) dos nuevos módulos en la cárcel de Mas d'Enric de Tarragona, lo que permitirá aumentar las plazas en 256.

Los centros penitenciarios catalanes, ha remarcado Espadaler, “no están saturados”, y lo que busca precisamente el plan del Govern es anticiparse a ese peligro de saturación en caso de que la población penitenciaria crezca todavía más.

La apuesta es por la construcción de nuevos módulos como en Mas d'Enric para que la convivencia en las cárceles se mantenga. “La alternativa de poner a más internos por celda no nos la planteamos porque no daremos pasos atrás en la dignidad que merecen los internos”, ha apostillado Espadaler.

Además, el Govern impulsará reformas este otoño en centros penitenciarios como Brians-1, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) y Ponent, en Lleida. A final de 2026 se espera poder poner en marcha el nuevo centro penitenciario para internos en tercer grado y semilibertad de la Zona Franca de Barcelona.

Para mejorar la seguridad en el interior de las cárceles, el Govern equipará a todos los centros esta legislatura con escáneres corporales, menos invasivos que los registros corporales y que permiten detectar el intento de entrada de drogas o teléfonos móviles.

También se instalarán en todas las cárceles sistemas de inhibiciones de drones para impedir la intrusión de drogas en los centros, así como telefónicos para impedir las llamadas no permitidas de internos con el exterior que, en ocasiones, se realizan con móviles entrados a escondidas.

El Govern también construirá un nuevo centro para la formación continuada de los funcionarios de prisiones al lado del centro de Quatre Camins, en La Roca del Vallès (Barcelona). La inversión total para las mejoras tecnológicas será de 7,3 millones de euros, mientras que el centro de formación pentenciaria tendrá un coste de 12,6 millones de euros.

“Tenemos que pasar de una seguridad física del siglo XX a una integral del siglo XXI, con mayor componente tecnológico”, ha reivindicado Espadaler, que ha explicado el plan de legislatura a la prensa junto a la secretaria general del departamento, Maite Casado, y la secretaria de medidas penales, reinserción y atención a la víctima, Elena Pérez.