QUITO (AP) — La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador ordenó el miércoles el fin del paro, el despeje de las vías y el repliegue a sus territorios tras la represión del gobierno a las protestas en rechazo a la suba del diésel.

El presidente de esa confederación, Marlon Vargas, dijo en un video subido a X que la decisión “ha sido difícil pero necesaria” y que se adoptó tras el “el reciente anuncio del presidente Daniel Noboa sobre la intervención en Imbabura con toda la fuerza del Estado”.

Una semana atrás la dirigencia indígena de Imbabura hizo un anuncio similar, pero algunas de sus bases no acataron el cese y mantuvieron el bloqueo de las vías.

El mandatario había dispuesto poco antes una intervención de las fuerzas del orden en esa provincia, convertida en el epicentro de un paro nacional indígena que no tuvo acogida y se redujo a esa zona.

Noboa había advertido que estaba dispuesto a abrir las carreteras bloqueadas por grupos indígenas desde hace un mes. A su vez destacó que las protestas se han convertido en “un atentado a la democracia” porque los manifestantes impiden con intimidación y agresiones el trabajo, el abastecimiento y la movilización de gente en Imbabura.

El general Henry Delgado, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, dijo a periodistas en una población de esa provincia que “la misión que tenemos es la apertura inmediata de todas las vías y la toma de la provincia de Imbabura” y precisó que "las tropas están listas".

Añadió que “no puede ser posible que una cantidad de ecuatorianos... quieran imponerse a 18 millones de ecuatorianos, eso no lo vamos a permitir”.

La finalización del paro deja a un “gobierno fortalecido que no cedió ante las demandas” del movimiento indígena, consideró el analista y catedrático de la Universidad Internacional SEK, Esteban Ron. En diálogo con The Associated Press, hizo una comparación con las dos paralizaciones de 2019 y 2022 cuando los gobiernos de Guillermo Lasso y Lenín Moreno estuvieron al borde de su salida y dieron marcha atrás en sus medidas.

Ron mencionó que la Confederación de Nacionalidades Indígenas “queda mal parada y con una fractura evidente, con liderazgos apáticos y el rechazo de sus propias bases”.

En Imbabura todas las vías principales y secundarias —especialmente alrededor de las turísticas poblaciones de Otavalo y Cotacachi— permanecen cortadas desde hace cuatro semanas.

“La mayoría de la gente quiere trabajar, tener una actividad productiva, que la economía está caminando, están siendo relegados por esos grupos (de manifestantes)”, expresó Noboa.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas había llamado el 18 de septiembre a una huelga nacional para rechazar el fin de un subsidio de 1.100 millones de dólares al combustible y el consecuente aumento del precio del diésel de 1,80 a 2,80 dólares cada galón.

Aunque el llamado a la protesta fue a nivel nacional, se registraron bloqueos de carreteras sólo en seis provincias y finalmente Imbabura quedó como la única y la de más fuertes manifestaciones.

Las pérdidas que deja el paro en Imbabura llegan a unos 70 millones de dólares, declaró a The Associated Press el presidente de la Cámara de Comercio y Producción, Ramiro Aguilar, quien precisó que sólo el sector turístico registra pérdidas por 10 millones de dólares por el “cierre total” de hoteles, bares y restaurantes.

“Estamos ante una catástrofe económica y social, porque sólo en el sector hotelero podría darse la pérdida de 10.000 empleos”, añadió.

En las últimas semanas se han registrado en esa zona fuertes enfrentamientos entre los manifestantes y fuerzas del orden que han intentado varias veces, sin éxito, despejar las carreteras interrumpidas por árboles, montículos de tierra, grandes rocas y llantas quemadas que son custodiadas por pocas personas.