La jueza de la dana sigue de cerca los pasos del president Carlos Mazón. La magistrada de la causa, Nuria Ruiz Tobarra , ha pedido a las Corts Valencianes la lista de llamadas de Mazón el día de la catástrofe del pasado 29 de octubre, que se saldó con 229 fallecidos. Se trata de una iniciativa de la propia instructora que no parte de ninguna solicitud de diligencia de las partes personadas en el procedimiento. La magistrada, en un auto dictado este lunes, indica sucintamente en el apartado de hechos: “Se ha tenido conocimiento de que por Presidencia de la Generalitat Valenciana se ha remitido un listado de llamadas del sr. Carlos Mazón Guixot del día 29 de octubre de 2024, a la comisión de investigación de la dana de Les Corts”.

La resolución justifica la decisión en un aspecto muy relevante que reseñaba el auto de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia , que acordó el pasado 23 de octubre que se citara a Maribel Vilaplana a declarar como testigo: Mazón “ostenta la condición de máxima autoridad de la Generalitat Valenciana y presidente del Consell”.

Por tanto, el aforado “tiene atribuidas (...) funciones directivas y de coordinación, de forma que puede impartir instrucciones a los miembros del Consell”.

Para la magistrada, “resulta igualmente preciso determinar y cuadrar los posibles comentarios que pudiera haber efectuado el President sobre cómo iba avanzando la reunión del Cecopi, qué información manejaban los que en ella participaban, y por qué se actuó del modo en que se hizo, tal y como expresaba el referido auto de la Audiencia Provincial, con el concreto momento en que se produjeron”.

El “análisis de la toma de decisiones” en el Cecopi

Además, la jueza también se escuda en que se trata de un “documento público” remitido por Presidencia a la comisión de investigación de la cámara autonómica.

La instructora enmarca la decisión en la necesidad de establecer el “análisis en el proceso de toma de decisiones” en la reunión del centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y “en el específico análisis del envío de la alerta a la población”. Así, “resulta pertinente el estudio de las llamadas que pudieron cruzarse” la exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa, y el president Mazón, que ostenta la condición de aforado.

La jueza recuerda que la propia Pradas aportó voluntariamente un acta notarial que incluye las llamadas con el jefe del Consell el día de la catástrofe (también las fallidas).

Los videos del Cecopi

Por otro lado, la magistrada ha pedido a la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias (SGISE) que manifieste que “si existen otras grabaciones del día 29 de octubre de 2024”, tras ciertos desfases en las imágenes aportadas que detectó una de las acusaciones populares.

Además, también pide a la productora externa contratada por Emergencias que remita los “videos originales ” en los que “conste la hora real en la que fue grabado” cada uno, “o en su caso, explique a qué obedece el desfase horario que se ha constatado”.