Maricarmen se queda. De momento. La Justicia ha suspendido el desahucio de la mujer de 87 años que iba a ser expulsada de su casa en Madrid a falta de que las administraciones la provean una alternativa habitacional.

Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid celebran este aplazamiento pero apuntan que “la única solución pasa por que Maricarmen se quede en su casa”. “Esto no va solo de ella, sino del miedo y la inseguridad que sufrimos todas las inquilinas por culpa del rentismo, la especulación y los buitres. Por eso, los contratos indefinidos y la expropiación de viviendas a fondos que especulan con ellas es esencial”, añaden en un comunicado.

Maricarmen había presentado varios informes y documentación para probar su vulnerabilidad, como persona con un 50% de minusvalía. La justicia aplaza ahora el desahucio para que la mujer, de 87 años de edad, pueda aportar documentación adicional.

El caso de Maricarmen ha ganado peso mediático en los últimos días y la mujer se ha convertido en un emblema de las organizaciones por el derecho a la vivienda de lo que representa la especulación inmobiliaria para la vida en los vecindarios. El Sindicato de Inquilinas convocó este mismo lunes una marcha por las calles del madrileño barrio de Ibiza, como muestra de apoyo, además de reuniones la semana pasada con asociaciones de vecinos de la zona.

Maricarmen tenía un contrato de renta antigua, firmado pro su padre en 1956, al que se subrogó su madre a la muerte de este, en 1960 y ella misma, cuando su madre falleció en 2005. Entonces, la propiedad no puso pegas y le mantuvo las condiciones: una renta que se iba adaptando al IPC y el pago del IBI, ahora limitado a los arrendadores. Sin embargo, varios cambios de propiedad a partir de 2018 terminaron en un proceso legal que se inició en 2020, después de que ella no pudiera asumir ni la compra del inmueble, por 250.000 euros, ni un incremento del alquiler que cifra en un 300%.

En un primer momento, el juzgado nº 90 de Madrid dio la razón a la mujer, al considerar que, en 2005, los entonces propietarios del inmueble la aceptaron “tácitamente”, así como los nuevos, cuando compraron la vivienda. Sin embargo, la actual propietaria recurrió ante la Audiencia Provincial, que ordenó el desahucio de Maricarmen, que confirmó el Supremo. En la sentencia, se indica que las rentas antiguas solo pueden prorrogarse indefinidamente en una ocasión y que la segunda prórroga, la de la octogenaria, solo dura un par de años. Una norma que ella considera machista, porque cuando sus padres firmaron el contrato, en pleno franquismo, solo podía rubricarlo el cabeza de familia.

Este lunes, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida , afirmaba que “no le consta” que la mujer hubiera acudido a los servicios sociales a pedir ayuda por la orden de expulsión, marcada inicialmente en el calendario para este miércoles. “Estoy seguro de que sabrán darle la ayuda necesaria”, aseguró. La mujer asegura que acudió a servicios sociales, pero que las únicas opciones que le plantearon fueron acudir a una residencia pública, para la que había lista de espera, o a recursos que exigen un pago. Todavía autónoma, ella se niega a abandonar su barrio y la casa en la que ha pasado 70 años, desde que se mudó con sus padres en 1956, a los 17 años de edad.

Como ya advirtió en una entrevista con elDiario.es , está dispuesta a plantar cara a un desahucio que considera injusto: “Si me van a cortar el cuello, será luchando”.