Por Itzel Chan

M ÉRIDA, MX.— El Consejo Comunitario de Ixil y organizaciones acompañantes anunciaron tres resoluciones judiciales favorables en defensa del territorio y el medio ambiente: la suspensión definitiva de la incorporación de Ixil a la Zona Metropolitana de Mérida (ZMM), la del parque eólico Chicxulub y la del megaproyecto inmobiliario Ciudad Maderas, en Progreso.

Emanuel Chan, integrante del Consejo Comunitario Ixil, explicó que la comunidad decidió en asamblea no integrarse a la ZMM y, por ese motivo, interpuso un amparo para quedar excluida del acuerdo. El Juzgado concedió la suspensión definitiva, lo que impide la ejecución del convenio que delimitaba dicha zona metropolitana.

Como consecuencia, el Ayuntamiento de Ixil solicitó la terminación anticipada del convenio, permitiendo al Gobierno del Estado continuar con los otros 13 municipios firmantes, pero sin Ixil.

El presidente municipal informó que el cabildo decidió retirar al municipio de la ZMM, aunque Chan precisó que fue el amparo del Consejo Comunitario el que detuvo legalmente el proceso.

“Si nos integran en la Zona Metropolitana estaría amenazada nuestra cultura y forma de vida, así como las tierras que trabaja la comunidad. Hemos investigado y vemos que la población originaria se vería desplazada, las inmobiliarias se harían con tierras a precio ridículo y luego las venderían a millones”, señaló Emanuel Chan.

Añadió que no se oponen al progreso, sino que buscan un desarrollo ordenado que respete la cultura y tradiciones del pueblo ixileño.

Por su parte, Peregrina Cutz, también integrante del Consejo, informó que el colectivo presentó un amparo contra el parque eólico Chicxulub, logrando igualmente una orden de suspensión definitiva.

Destacó que la comunidad indígena de Ixil tiene derecho a una consulta libre, previa e informada, y que las perforaciones necesarias para instalar los aerogeneradores podrían afectar gravemente el subsuelo y los mantos freáticos:

“No estamos en contra de las energías limpias, pero el suelo de Ixil no es apto para perforaciones tan grandes, porque provocan que el agua salada y dulce se mezclen. Además, cuando pregunté por los beneficios para el pueblo, me dijeron que la energía no sería para Ixil ni para Yucatán”, relató Cutz.

La activista denunció que tanto la Secretaría de Energía (Sener) como la Semarnat autorizaron el proyecto bajo el argumento de que se trataba de tierras privadas, cuando en realidad son tierras ejidales de uso común.

En tanto, Sergio Oceransky, director de la Fundación Yansa, informó sobre la suspensión definitiva del megaproyecto inmobiliario Ciudad Maderas, en Progreso, emitida por el Juzgado Tercero de Distrito.

Oceransky explicó que presentó en 2023 una denuncia ante la Profepa por daños a la selva y los humedales costeros. Al no obtener resultados, interpuso otra en 2025 ante la Fiscalía General de la República (FGR), pero la Profepa cerró su investigación asegurando que no había irregularidades. Ante ello, presentó un amparo contra el cierre de la carpeta, y con base en los propios informes de Profepa y Semarnat se concedió la suspensión definitiva del proyecto.

“Esto significa que Ciudad Maderas no puede realizar ninguna actividad en el terreno mientras dure el juicio, y corresponde a Profepa y Semarnat garantizar que la empresa acate la orden”, subrayó.

También explicó que las tierras donde se pretendía construir eran ejidales de uso común que fueron parceladas y privatizadas, pese a que la Ley Agraria declara nulo el fraccionamiento de terrenos con selva o bosque.

Finalmente, Oceransky reconoció que muchas personas de comunidades cercanas quisieron sumarse a la demanda, pero no lo hicieron por temor a represalias.

“Vivimos bajo un sistema judicial desigual, en el que se protege a actores privados e intereses económicos poderosos cuando violan la ley, mientras que se criminaliza a quienes defienden el territorio, el medio ambiente y la salud de la población”, concluyó. ( Noticaribe )