El Gobierno de España ha iniciado oficialmente el procedimiento para solicitar la extinción judicial de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). Este proceso, que comenzó en junio de 2024, se ha notificado a la fundación, otorgándole un plazo de 10 días para presentar alegaciones. La decisión se basa en la Ley de Fundaciones y la Ley de Memoria Democrática, tras concluir que la FNFF promueve la apología del franquismo y menosprecia a las víctimas de la dictadura.

El Ministerio de Cultura, bajo la dirección de Ernest Urtasun, ha recopilado información de diversas fuentes, incluyendo la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, para fundamentar su resolución. Según el informe, la FNFF, constituida en 1976, utiliza sus canales de comunicación para difundir una visión positiva de Francisco Franco y su régimen, mientras que sus actividades culturales y educativas son prácticamente inexistentes.

El análisis de aproximadamente 5.500 textos de la web de la fundación revela que su principal objetivo es promover el franquismo, lo que contraviene la Ley de Memoria Democrática. El informe también destaca patrones de humillación hacia las víctimas, incluyendo la descalificación de sus historias y la minimización de sus sufrimientos.

El proceso de ilegalización se formaliza tras la notificación a la FNFF el 31 de octubre, y se espera que la propuesta de resolución final sea elevada a los Juzgados de Primera Instancia de lo Civil. Fuentes del Ministerio de Cultura han indicado que confían en que el caso llegue al juez lo más pronto posible, aunque el proceso podría tardar al menos nueve meses.

El informe de la Abogacía General del Estado establece que la fundación podría ser extinguida si no persigue fines de interés general o si hace apología del franquismo. A pesar de que la FNFF se presenta como una entidad cultural, el Gobierno argumenta que sus actividades están orientadas a la promoción de la figura de Franco, lo que contradice la normativa vigente.

Además, el Ministerio de Cultura planea solicitar medidas cautelares para proteger el archivo histórico de la fundación y evitar la destrucción de pruebas. La intención es que los ciudadanos no financien a una entidad que, según el Gobierno, promueve una visión distorsionada de la historia reciente de España. La situación de la FNFF sigue siendo incierta, y se prevé que la fundación busque alternativas para continuar sus actividades, a pesar de la presión legal en su contra.