El Ministerio de Función Pública y los sindicatos CSIF, UGT y CCOO han comenzado este miércoles la negociación para un nuevo acuerdo, que incluirá la subida salarial de más de 3,5 millones de empleados públicos. Tras semanas de parón por parte del Ejecutivo, las organizaciones sindicales han salido de esta primera reunión con buenas sensaciones, aunque todavía sin una cifra para la actualización de los sueldos para 2025, una de sus principales reivindicaciones.

La negociación abordará las mejoras retributivas, pero también otras medidas organizativas en materia de empleo y de mejora de las condiciones laborales. Función Pública quiere dibujar un nuevo marco plurianual, de 2026 a 2028, que permita ir hacia “una Administración más participativa, que ofrezca servicios de atención personalizados, que diseñe políticas públicas que mejoren la vida a la ciudadanía y que esté preparada para afrontar la innovación y la adaptación a la doble transición, digital y verde”, ha indicado la secretaria de Estado, Consuelo Sánchez Naranjo.

El Ministerio se reunirá semanalmente con las organizaciones sindicales, con el objetivo de tener “en cuanto sea posible” un texto consensuado que llevar a la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas. Desde el departamento que dirige Óscar López han apostado por comenzar las conversaciones con la materia relativa al empleo y no será hasta el próximo día 19 de noviembre cuando trasladen una propuesta económica en materia salarial, según han trasladado desde el sindicato CSIF.

En materia salarial, una línea roja para los sindicatos es que se negocie, al margen del acuerdo plurianual, la actualización de los sueldos pendiente de 2025. “No estamos dispuestos a que pase por un año de congelación y subida cero”, ha indicado al término de la reunión la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque. En la misma línea se ha pronunciado el secretario de acción sindical de CSIF, Francisco Lama, que ha verbalizado la voluntad trasladada por la Administración de que haya “acuerdo económico” para los años 2026 a 2028 con “una subida del actual 2025”.

Los incrementos salariales para ese periodo plurianual tendrá, como ha trasladado la ministra a los sindicatos, un componente fijo y otro variable, “de tal modo que los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo”.

“La primera reunión no ha estado en absoluto nada mal y hemos puesto sobre la mesa cuáles son nuestras reivindicaciones. Tenemos claro que son tres bloques —salario, empleo y derechos—. A partir de ahí, este tiene que ser un acuerdo no solo para los 3,5 millones de empleados y empleadas públicas, sino para los servicios públicos y la ciudadanía de este país”, ha insistido Araque.

En este sentido, desde CSIF han propuesto “un plan de recursos humanos a corto plazo, que permita redimensionar nuestros servicios públicos para ofrecer una prestación adecuada al ciudadano” y paliar la “ralentización de los procesos selectivos”.