Una actuación pionera de la nueva sección de la Fiscalía encargada de la defensa de los consumidores ha logrado el cierre, por primera vez en España, de tres webs dedicadas a publicitar la gestación subrogada, una práctica que no está permitida por la legislación.

Las leyes españolas son claras y el Tribunal Supremo, desde hace una década, también: la gestación subrogada no está permitida en España. Los magistrados de lo civil han sido inusualmente duros con este asunto: “Las madres y los niños son tratados como simples mercancías”,  dijo el tribunal en 2022 .

Sin embargo, las webs que anunciaban este tipo de gestaciones contrarias a la ley proliferan en Internet. Una denuncia de una asociación feminista de Vigo terminó sobre la mesa de Paloma Pelegrín, que desde hace algo más un año es la representante del Ministerio Público encargada de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios de la Fiscalía de Barcelona.

La fiscal constató que la mayor parte de la veintena de webs que había incluido la asociación en su denuncia estaban residenciadas en España. A la hora de abordar su cierre, sin embargo, se apostó por la vía civil en vez de la penal al no haber constancia de que esas prácticas de gestación subrogada que se anunciaban se consumaran en territorio nacional.

El hilo del que tiró la Fiscalía consistió en abrir unas diligencias preprocesales, por la vía civil, para determinar si las páginas web y el contenido difundido por redes sociales podían constituir publicidad ilícita.

En colaboración con la Fiscalía de Madrid, la Fiscalía de Barcelona ha logrado el cierre de dos webs de empresas de la capital catalana que anunciaban la gestación subrogada al considerarla un tipo de publicidad ilícita. Lo ha logrado mediante un procedimiento extrajudicial, obligatorio desde la implantación este año de la ley de eficiencia judicial.

En el caso de la web de Madrid, Surrobaby, el cierre sí ha venido por orden judicial tras la presentación de una demanda por parte de la Fiscalía. En la sentencia, a la que ha tenido elDiario.es, la magistrada estima la demanda de la Fiscalía y concluye que tanto las webs como los perfiles en redes sociales de la empresa “incurren en la conceptuación de publicidad ilícita”.

La ley de reproducción asistida considera “nulos de pleno derecho” los contratos de gestación subrogada haya o no contraprestación económica y atribuye la condición de madre a la mujer que da a luz al niño. No obstante, sí da la posibilidad a los padres biológicos de “reclamar” su paternidad si pueden acreditar que han aportado sus gametos. Esta última previsión legal es la que seguirá permitiendo la inscripción de los menores gestados a través de esta práctica.

Según la Fiscalía, las campañas de las empresas analizadas, muchas de las cuales ofrecían vientres de alquiler en Ucrania, no solo incumplían la legalidad por publicitar la gestación subrogada, sino que además incluían un contenido que “cosificaba” a las mujeres y a los embriones, tratando a ambos como meras mercancías y con un llamativo sesgo racial, en el que se resaltaban su piel blanca.

Las actuaciones de la Fiscalía resultan, sin embargo, insuficientes, dado que las páginas webs sobre gestación subrogada se multiplican constantemente en internet, en la mayoría de casos amparadas en páginas internacionales cuyo cierre entraña mayor complejidad.

Otro de los caballos de batalla de la Fiscalía de Consumo de Barcelona es poner coto a las publicaciones en internet que promueven los trastornos alimentarios, un fenómeno cada vez más frecuente en redes sociales.

La Fiscalía de Barcelona presentó una denuncia contra una de esas webs que promueven la bulimia o la anorexia, pero el juzgado acabó archivando la investigación por la imposibilidad de determinar quién estaba detrás de esas publicaciones, dado que las comisiones rogatorias expedidas en busca de colaboración internacional resultaron infructuosas.