En el suroccidente de Colombia, la situación de los alcaldes es alarmante. Decenas de ellos se encuentran desplazados de sus municipios, despachando desde la clandestinidad o desde otras ciudades. Este fenómeno se debe al temor de ser asesinados por grupos armados ilegales que controlan sus territorios. Los mandatarios locales de Cauca, Putumayo y Nariño son los más afectados. Las disidencias de las Farc, lideradas por alias Iván Mordisco y alias Calarcá, así como las estructuras del ELN, han convertido a las alcaldías en objetivos militares. En algunos municipios, los alcaldes no han podido regresar a sus despachos durante semanas. En otros, han tenido que salir escoltados por el Ejército y la Policía. La situación es especialmente crítica en el Cauca, donde la violencia ha aumentado en los últimos meses. Recientemente, el municipio de Suárez sufrió un ataque que dejó dos muertos y varios heridos. El alcalde de Suárez, César Cerón, expresó: “Le estamos pidiendo a la UNP una revisión de nuestros esquemas de seguridad”. Este municipio es un punto estratégico para el tráfico de armas y drogas. Los alcaldes cuentan, en promedio, con solo dos hombres de protección asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP). Estos escoltas, armados con pistolas, se enfrentan a grupos criminales que poseen fusiles de largo alcance y explosivos. Un alcalde que pidió mantener su nombre en reserva comentó: “Estamos solos. La presencia del Estado es nula”. El miedo ha llevado a muchos mandatarios a no denunciar públicamente la situación. Existe una red de comunicación informal entre los alcaldes amenazados, quienes se alertan sobre movimientos de disidencias. Un alcalde desplazado confesó: “Si hablamos y denunciamos nuestra situación, la represalia es contra nuestros familiares”. En Miranda, Cauca, el hijo del exalcalde Samuel Londoño fue secuestrado por el frente disidente Dagoberto Ramos, que exigía silencio. Actualmente, el empresario Carlos Caicedo, esposo de la secretaria de Gobierno, está secuestrado en el mismo municipio. Los grupos ilegales no solo buscan intimidar a las autoridades, sino también controlar los recursos del Estado. Han comenzado a imponer “cuotas” sobre contratos de obras públicas y programas sociales. Un funcionario de la región relató: “Ellos saben cuándo llega la plata y a qué contratista se lo entregaron”. En Putumayo, alias Calarcá ha consolidado un dominio casi absoluto. Los alcaldes de esa zona viven desplazados en Mocoa o Pasto, mientras que las disidencias patrullan las calles. Una fuente de inteligencia militar reveló que en algunas localidades se escucha el himno de las antiguas Farc en actos públicos. A pesar de la gravedad de la situación, la respuesta del Estado ha sido débil. Los alcaldes han enviado cartas al Ministerio del Interior y a la UNP pidiendo refuerzos de seguridad, pero muchos no han recibido respuesta. En algunos casos, se les ha retirado parte de su protección, argumentando que “no existe un riesgo inminente”. Mientras tanto, los grupos armados continúan expandiendo su dominio. Las disidencias de Iván Mordisco han logrado articular una red de más de 3.000 hombres armados. Su control sobre los municipios es tanto militar como político, ya que han presionado a candidaturas locales en las elecciones de 2023. La crisis humanitaria y política en el suroccidente colombiano se agrava cada semana, dejando a los habitantes atrapados entre la violencia y el abandono estatal.