Las restricciones que impone  la  nueva ley del taxi  del presidente de la Generalitat de Cataluña,  Salvador Illa , podrían hacer que la economía de la región perdiera 260 millones de euros a causa de la desaparición de las VTC , según un estudio elaborado por Unauto al que ha tenido acceso OKDIARIO. Según el informe, actualmente, las empresas de este sector generan ese impacto en la comunidad autónoma, además de emplear «a casi 6.000 personas (entre empleo directo e indirecto)».

Con todo, el verdadero impacto podría ser aún mayor: «La eliminación de los servicios urbanos de VTC en Cataluña tendría un coste estimado de más de 326 millones de euros, incluyendo la pérdida de empleos , salarios , ingresos fiscales y los costes asociados al cierre de operaciones».

En ese sentido, los analistas prevén que se pierdan «casi 6.000 puestos de trabajo, más de 127 millones de euros en masa salarial , y más de 72 millones de euros en contribuciones sociales e impuestos ». Por otro lado, si las 3.756 autorizaciones de vehículos de transporte con conductor domiciliadas en Cataluña pudieran operar con normalidad, el sector tendría la capacidad de generar más de 445 millones de euros, según Unauto.

Los analistas aseguran que esto supondría la creación de unos 10.500 empleos directos e indirectos, un incremento notable en la recaudación fiscal y una mayor inversión en la electrificación del transporte urbano. Por ello, el informe concluye que el sector VTC representa un actor relevante para la economía catalana y cuenta con un amplio potencial de expansión.

Según los autores, garantizar un marco regulatorio estable y una mayor seguridad jurídica no sólo evitaría pérdidas económicas importantes, sino que además favorecería la creación de empleo, el aumento de los ingresos fiscales y el avance hacia una movilidad urbana más sostenible.

La ley de VTC de Illa en Cataluña

«De materializarse en los términos que se nos ha informado, esta regulación provocaría la práctica desaparición del sector en Cataluña, dando el giro de tuerca definitivo a un proceso que lleva años gestándose», advierte el estudio. En ese sentido, los analistas advierten que los problemas de movilidad que existen actualmente en ciudades como Barcelona vienen por las políticas de transporte urbano que se han llevado a cabo hasta la actualidad.

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«Las sucesivas regulaciones restrictivas, muchas de las cuales ya han sido declaradas ilegales (la proporción de 1 VTC por cada 30 taxis), el tiempo mínimo de precontratación o la prohibición de geolocalización) han contribuido a la disminución significativa del número de autorizaciones VTC operativas, acentuando la situación de escasez de oferta de servicios de Barcelona con otras grandes capitales europeas», asegura el informe.

Además, la nueva ley acabaría con un sector en crecimiento: «El sector de la VTC cuenta con un potencial significativo de crecimiento en Cataluña si se le proporciona un entorno regulatorio estable y seguridad jurídica, lo que podría resultar en la creación de muchos más empleos (+44% sobre los existentes), un aumento significativo en la recaudación fiscal (un 70% más que la recaudación actual, 50 millones de euros incrementables) y una mayor inversión en la electrificación de la movilidad urbana (hasta 150 millones de euros en los próximos 5-10 años)».