El intento de reconducir la relación entre la Junta de Andalucía y la asociación Amama ha saltado por completo por los aires. Las últimas denuncias públicas por parte de la entidad que ha elevado a más de 4.000 las mujeres afectadas (el doble de las contabilizadas oficialmente) y su decisión de levantarse de la comisión de seguimiento creada por la Consejería han marcado un punto de inflexión para el Gobierno andaluz. T anto es así, que se ha remitido un requerimiento oficial que supone un paso administrativo previo para adoptar cualquier tipo de medidas legales sea en vía administrativa o judicial.

"Las cifras difundidas por Amama no se corresponden con los datos verificados en los registros clínicos oficiales, generando una discrepancia que, por su impacto sanitario y social, e

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