“Al final a las personas que estamos inmersas dentro de estos procedimientos (macrojuicios por corrupción) nos fusilan 20 años de nuestra vida”. Habla Juan Escudero (PSOE), exalcalde de Los Alcázares entre 1991 y 2003 y acusado de prevaricación por la concesión de la licencia de la construcción de un hotel en el 'caso Ninette'. El afectado describe la espera como un fusilamiento, pero la ironía es que, de ser declarado culpable, los años transcurridos podrían ser su seguro para librarse de la cárcel. Otros políticos de la Región de Murcia ya han comprobado que la espera merece la pena. 

Esa es la suerte que han corrido recientemente todos los acusados en el 'caso Novo Carthago' , varios de ellos ex altos cargos de la Comunidad Autónoma que no pisarán la cárcel porque se les aplica la atenuante de dilaciones indebidas por los retrasos que ha sufrido el proceso judicial.

Las dilaciones indebidas son un tipo de atenuante que permite una reducción de la condena cuando la tramitación de un procedimiento penal ha durado un tiempo excesivo e innecesario, siempre que esa demora no haya sido por culpa del reo y la excesiva duración del procedimiento no esté justificada por la complejidad de este. Una atenuante recurrente en la Región de Murcia: “Las dilaciones son algo habitual en este tipo de procedimiento”, lamenta el fiscal Anticorrupción de la Región de Murcia, Juan Pablo Lozano.

Retrasos y un aforado

Con acusaciones por delitos de falsedad documental, prevaricación y blanqueo de capitales, los acusados de Novo Carthago se enfrentaban a penas de hasta tres años y medio de prisión. Pero la Fiscalía no ha podido reclamar más un año de prisión para ninguno de ellos: “Hubo muchos retrasos. Eso [Novo Carthago] empezó en 2009 y nos encontramos con un aforado”, explica el fiscal sobre un caso en el que se investigaba la recalificación ilegal de terrenos parcialmente protegidos cerca del Mar Menor para la construcción de un macrocomplejo de 10.000 viviendas, un campo de golf y hoteles de lujo.

El aforado era el expresidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel (PP), eurodiputado desde 2014: “Esta condición supuso remitir las actuaciones a un nuevo tribunal, que comenzó de nuevo a examinar lo ya existente, sumado a la investigación que vino a partir de ese momento”, continúa Lozano.

Puerta del Palacio de Justicia de la Región de Murcia

En 2019 Valcárcel dejó de ser eurodiputado, perdiendo el aforamiento y el caso volvió al juez de instrucción inicial: “Una vez termina esto, yo acuso en 2018, y no se señaló hasta 2023. Pasaron otros cinco años, porque coincidió con la huelga de los letrados del Ministerio de Justicia”, abunda Lozano. El señalamiento, finalmente, se movió a este año: “Una vez que ya se termina la fase de instrucción, se olvida el legislador de las prisas para el enjuiciamiento. Eso también provoca, por lo menos, cierta perplejidad”.

El sistema penal español contempla la suspensión de pena para delitos no violentos, siempre que los condenados no tengan antecedentes y cumplan ciertos requisitos. En cambio, la inhabilitación para empleo o cargo público y las multas sí serán efectivas.

Procesos que duran el doble que la media nacional

El tiempo medio de duración de los procesos en la Audiencia Provincial de Murcia es de 5,7 meses, cuando la media nacional es de 2,8. El fiscal superior de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, lo ha denunciado por activa y por pasiva, la última vez durante la presentación de la Memoria de la Fiscalía de la Región de Murcia: “Hay divorcios que tardan más de 14 meses, despidos que tardan 12 meses, los juicios penales casi 19 meses y los juicios con jurado más de 25 meses. Retrasos que reflejan la gravedad de la situación”.

El atasco se ceba especialmente con las macrocausas judiciales como las de Novo Carthago: “Se necesitan más medios tanto en los juzgados como en la Fiscalía, pero la realidad es que este tipo de procedimientos son inabarcables, son muy complejos de gestionar”, afirma Ginés Ruiz Maciá, secretario general del PSOE en Murcia y uno de los letrados que llevó la causa durante décadas. “Es decir, que si en los juzgados hay mil casos al año y dos son de esta proporción, pues estos serán los que se queden bloqueados”. Además, apunta el socialista, “la misma normativa procesal es hiperprotectora con el derecho de defensa, un abogado hábil te puede llevar a procesos de esta duración”.

Primera sesión del juicio del 'caso Novo Carthago

En lo que respecta a la Fiscalía de la Región de Murcia, “sigue siendo la primera en carga de trabajo y la décima en número proporcional de fiscales a nivel nacional”, ha denunciado el fiscal superior en la Memoria de este año. “Faltan fiscales en proporción a la población. El ejemplo más próximo es Alicante, que está mucho mejor dotada que Murcia, cuando en principio tenemos más habitantes”.

En materia de competencias, la Región de Murcia es territorio del Ministerio de Justicia. Manuel Luna, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), pedía hace unas semanas al Ministerio que acelere la ejecución de las medidas estructurales pendientes para modernizar la Administración de Justicia en la Región y poner fin al desequilibrio histórico de medios humanos y materiales. “La Región de Murcia no puede seguir siendo la última en número de jueces por habitante ni en dotación de otros medios humanos y materiales”, urgió Luna en la Comisión Mixta TSJMU–Ministerio de Justicia, celebrada en Madrid.

La segunda comunidad con más municipios implicados en casos de corrupción

Según el estudio 'La corrupción política en España: un análisis descriptivo (2000-2020)' elaborado por José Abreu para el Institut de Recerca en Economia Aplicada Regional i Pública durante esas dos décadas se desvelaron 3.743 casos de corrupción en España, “localizados principalmente en Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia”. Sin embargo, si se toma como referencia la proporción de municipios implicados en dichos casos, Canarias es la región que se sitúa a la cabeza con un 69,3% (61 de 88 municipios), por delante de la Región de Murcia, con el 68,9% (31 de 45) y las Islas Baleares, con el 52,2% (35 de 67).

Según las conclusiones del investigador, además, “el PP concentra el 40,5% de los procedimientos, mientras que el PSOE aglutina un 38,3% y ambos representan conjuntamente el 75,8% de la corrupción política en España”. Por regiones, señala el estudio, “el PP es el partido con más casos de corrupción en siete de las 17 regiones (Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares, La Rioja y Región de Murcia)”.

Pendientes de un hilo

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, en la actualidad hay 13 denuncias por delitos contra la Administración Pública en fase de diligencias. De ellas, ocho han sido iniciadas por la Fiscalía y de previsible finalización con el dictado de auto de procedimiento abreviado para formular acusación. Muchos de estos asuntos llevan casi 20 años siendo investigados: “Las dilaciones indebidas están garantizadas en todos”, ha lamentado Lozano.

“¿Cómo voy a negar yo que existan dilaciones indebidas en un asunto fechado en 2008 y en el que todavía no se ha acusado en 2025? No estaría actuando con arreglo a los principios que informa el Ministerio Fiscal”, ha explicado.

Uno de los primeros casos de corrupción abiertos en los juzgados de la Región de Murcia (2007), sigue sin fecha de juicio. El caso Barraca investiga si el por aquel entonces jefe de planeamiento urbanístico del Ayuntamiento de Murcia (gobernado por el PP) se enriqueció haciendo negocios con promotores, además de desviar presuntamente al despacho de arquitectos de su familia un gran número de proyectos urbanísticos. En 2022, se cerraron las diligencias previas y se transformó el procedimiento a uno con tribunal jurado.

Teatro Circo Murcia

También en la capital se investiga desde 2017 una pieza del caso Umbra sobre las presuntas irregularidades cometidas por el exconcejal de Urbanismo de Murcia, Fernando Berberena (PP), y el exgerente del servicio de Urbanismo, Alberto Guerra, durante la rehabilitación del Teatro Circo , aprobado en 2006 por el Ayuntamiento de Murcia. La Fiscalía espera desde junio de 2024 el traslado de documentación por parte del juzgado para poder formular acusación.

En la misma situación está el caso AVE o César , que cubre el presunto desvío de fondos públicos en la construcción de la plataforma ferroviaria de Alta Velocidad del Levante, abierto desde 2017.

Mientras que en Caravaca, en el Juzgado de Instrucción 2, se investigan desde ese mismo año las supuestas irregularidades en la contratación de una asesoría jurídica externa por parte del Ayuntamiento. Se siguen practicando diligencias, y la Fiscalía espera poder cerrar la investigación en breve.

Más de 13 años lleva atascado en Molina de Segura el eterno caso Vertedero. Aún no se ha dictado auto de diligencias previas para este asunto, que investiga si el antiguo alcalde del municipio, Eduardo Contreras (PP), un técnico municipal y un promotor local, trabajaron juntos para la permuta de unos terrenos de forma presuntamente ilegal, dejando al empresario con cuantiosas plusvalías.

Para poder facilitar la posibilidad de juicio, el inabarcable ' caso Valhalla ', una presunta trama urbanística en el municipio murciano de San Javier gobernado por el PP y abierto desde 2008, se dividió en tres piezas en el año 2019. A dos de ellas ya se les ha dictado auto de diligencias previas, mientras que la tercera continúa a la espera: “No se ha dado todavía traslado de las diligencias previas para calificación del fiscal”, alertan fuentes de Fiscalía. En total el asunto, que estudia una presunta corrupción urbanística en la etapa del exalcalde del PP José Hernández, lleva 17 años en el Juzgado de Instrucción.

Otros asuntos ya están pendientes de juicio. ' Ninette' , el caso del exalcalde de Los Alcázares, es uno de ellos. Sigue a la espera de que el colapso de los juzgados le permita tener una fecha: “Barraca está desde 2007, Valhala desde 2008, Ninette desde 2005, Fuente Álamo desde 2008. Aplicamos las dilaciones indebidas de oficio, en principio la Fiscalía es garante de la legalidad y tiene que tener en cuenta tanto lo adverso como lo favorable”, concluye Lozano.

“No necesariamente se tienen que librar de prisión”, ha matizado el fiscal Anticorrupción, “pero es verdad que tras las dilaciones las penas se han situado por debajo de los dos años. Esto no quiere decir que no las puedan cumplir, pero ya se les abre la puerta a no tener que ingresar en la cárcel”.

Una pandemia y varias huelgas

Hasta la celebración del juicio de Novo Carthago pasaron siete años desde el fin de la instrucción. Ruiz Maciá lo achaca “a que hubo una pandemia de por medio y varias huelgas de los funcionarios de justicia”. Pero no hay que perder de vista, apunta, que cuando se aplaza un macrojuicio de estas características no se puede retomar hasta que no se quedan, como en este caso, 18 huecos libres con un tribunal disponible; este caso se tendría que haber celebrado en 2020“.

“Después de tanto tiempo llevando este tipo de asuntos creo que el derecho penal no es la solución para los casos de medio ambiente, pero por otra parte, es una de las pocas herramientas disuasorias que tenemos”.

En el juicio en la Audiencia Provincial de Murcia del polémico 'caso Baúl' en septiembre de 2024, los ocho empresarios acusados de estar implicados en una red de prostitución con menores de edad en la Región tampoco pisaron la cárcel por las dilaciones indebidas .