La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado un nuevo investigado en el marco de la segunda fase del caso mascarillas que trata de esclarecer supuestos contratos irregulares a través de la Diputación de Almería por los que se habrían obtenido el cobro de comisiones.
En concreto, el último investigado es Óscar Liria, el exvicepresidente tercero de la Diputación de Almería que ya fue arrestado en la primera fase de la operación que tuvo lugar en junio de 2021 y al que se achaca un papel predominante en la supuesta trama de mordidas a través de un contrato de más de dos millones de euros para la compra de material sanitario durante la pandemia.
Liria, quien llegó a ingresar en prisión preventiva por estos hechos, ya rechazó su participación en la tramitación del expediente de contratación urgente de las mascarillas que se compraron en abril de 2020 durante su paso por la comisión de investigación, si bien en las actuaciones figura como la persona que propuso el contacto para conseguir el material sanitario.
Cinco detenidos y tres investigados
Con éste son ya ocho los presuntos implicados en la trama –cinco detenidos y tres investigados– entre los que se encuentran el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y el vicepresidente segundo de la institución, Fernando Giménez, quien han pasado la noche en dependencias policiales, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.
Los detenidos, a los que se une también el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), van a pasar a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería que instruye la causa principal en la que Giménez y Sánchez ya se encontraban bajo investigación judicial.
También fueron arrestados el hijo del alcalde de Fines –detenido en junio de 2021 durante la primera fase de la operación–, un técnico de Obras Públicas del órgano supramunicipal. De otro lado, dos empresarios han sido investigados junto con un tercer implicado. Los tres están en libertad.
Adjudicación fraudulenta de contratos
El órgano instructor investiga los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, aunque se achacan diferentes responsabilidades a cada uno en función del papel que se les atribuye en la trama.
La jornada de registros realizada este martes se extendió durante más de diez horas y finalizó tras el examen de las dependencias de la Diputación de Almería en compañía del presidente y el vicepresidente, quienes junto con el regidor de Fines han sido suspendidos cautelarmente de militancia por el PP. También se registraron domicilios y sedes de empresas, sobre todo en el Valle del Almanzora.
La investigación llevada a cabo muestra indicios de que los investigados “hubieran colaborado o, cuanto menos facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían haber sido destinatarios, entre otros”.
Caso iniciado en 2021
El origen de esta segunda fase se remonta a las actuaciones practicadas en junio de 2021, cuando el entonces vicepresidente tercero y diputado provincial de Fomento Óscar Liria fue arrestado por la compra supuestamente fraudulenta en plena pandemia de mascarillas, guantes y equipos de protección individual (EPI) a través de un contrato de urgencia valorado en 2.036.186,24 euros, cuyo coste hecho efectivo al proveedor no alcanzó el millón de euros.
Los indicios de posibles mordidas a través de aquel contrato dieron lugar a nuevas investigaciones que han llevado a la autoridad judicial a extender sus pesquisas para determinar si también podría darse el cobro de comisiones a través de otros contratos públicos de obras y servicios, algunos de ellos con el Ayuntamiento de Fines.

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