La condena del Supremo solo le inhabilita para el cargo de fiscal general, pero el reglamento que rige sobre los miembros del ministerio público contempla la expulsión tras una condena por “delito doloso”

El juicio celebrado en el Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz fue el primero contra un fiscal general del Estado y García Ortiz es, desde este jueves, el primer jefe del ministerio público condenado por un delito penal, en este caso, revelación de secretos. La sentencia con los argumentos en los que se basa la condena no está todavía redactada y el tribunal solo adelantó ayer el contenido de su fallo, acordado con el voto de cinco de sus siete miembros: dos años de inhabilitación especial para el cargo, multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización de 10.000 euros a Alber

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