La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha valorado este viernes la inhabilitación de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Esta decisión se produce tras la condena del Tribunal Supremo por revelación de secretos. La filtración que ha llevado a la caída de García Ortiz afectaba a su pareja, Alberto González Amador, quien recibirá una indemnización de 10.000 euros por daños morales. Díaz Ayuso ya había hecho una primera declaración el jueves, minutos después de conocerse la noticia, a través de la red social X. En su mensaje, afirmó: “Toda la prensa internacional recoge el fallo del Supremo porque no se concibe en una democracia libre utilizar los medios del Estado para hacer política delinquiendo, y todo a costa de un particular. En ese banquillo, según Pedro Sánchez, se sentaba él mismo. Hoy el mundo sabe lo que está pasando en España”. Veinticuatro horas después de la condena, la presidenta compareció en la Puerta del Sol. Durante su intervención, declaró: “El 20 de noviembre de 2025 pasará a ser un día histórico para la democracia. Estos hechos son propios de una dictadura. (...) Ha quedado demostrado que el Estado de derecho funciona pese a que quienes tenían que defender la ley se dedicaron a delinquir. Ayer, los ciudadanos vieron cómo la Justicia funciona incluso frente al uso interesado de las instituciones”. Díaz Ayuso continuó enfatizando que “un ciudadano particular puede obtener la protección y la tutela de nuestros tribunales frente a los delitos que el poder del Estado pueda cometer contra él”. Afirmó que la revelación de secretos por parte del fiscal general no solo vulneró derechos fundamentales, sino que también muestra la vulnerabilidad de todos los ciudadanos. En respuesta a la condena, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, expresó que “el Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir que no lo comparte”. A pesar de la decisión del Poder Judicial, Bolaños defendió la inocencia de García Ortiz y pidió que “la discrepancia no conlleve desconfianza en las instituciones”. Por su parte, Óscar López, del PSOE, se mostró crítico y expresó su desolación. En la Cadena SER, comentó: “He sentido mucha desolación, hartazgo, descreencia. Si son capaces de condenar a alguien sin pruebas, qué será lo siguiente, ¿liberar a alguien con todas las pruebas?”. López se refería a González Amador, quien enfrenta un juicio por fraude fiscal y falsedad documental. Además de la condena al fiscal general, esta semana la UCO ha hecho público un nuevo informe sobre Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, quien se encuentra en libertad pero con un futuro judicial incierto. Anticorrupción ha solicitado 24 años de cárcel para José Luis Ábalos, y el juez revisará su situación el 27 de noviembre. La situación política en España se complica con estos acontecimientos, que han generado un intenso debate sobre la justicia y la política en el país. (Noticia en ampliación)