El Tribunal Supremo ha citado para el 27 de noviembre al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su antiguo asesor Koldo García para celebrar una vista en la que se resolverá si ambos deben ingresar en prisión preventiva. La decisión llega después de que las acusaciones populares , encabezadas por el Partido Popular, hayan solicitado que los dos encausados sean enviados a la cárcel y les hayan atribuido penas de 30 años de prisión por su presunta implicación en el cobro de comisiones ilegales durante la adjudicación de contratos de mascarillas en plena pandemia.

La Fiscalía Anticorrupción , en su escrito de acusación presentado esta semana, también reclama revisar las medidas cautelares vigentes y solicita 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para García. Para ambos pide además una multa de 3,7 millones de euros . En el caso del empresario Víctor de Aldama , mediador en los contratos, el fiscal jefe Alejandro Luzón aplica el atenuante de confesión y reclama siete años de cárcel , manteniendo la misma multa millonaria.

Un riesgo de fuga «creciente» según el juez

Desde que estalló el caso, Ábalos y García permanecen en libertad con medidas cautelares: comparecencias quincenales, retirada de pasaporte y prohibición de salir de España. No obstante, el magistrado Leopoldo Puente ya advirtió en octubre de un riesgo de fuga creciente a medida que se acerca el juicio, una valoración que ahora comparten tanto las acusaciones populares como el Ministerio Público.

El juez había rechazado hasta ahora las peticiones de prisión preventiva, incluida la última presentada tras la citación fallida de octubre, cuando Ábalos y Koldo se acogieron a su derecho a no declarar.

La vista del día 27 se celebra en aplicación del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , que permite a las acusaciones pedir prisión provisional tras presentar los escritos de acusación.

La Fiscalía sitúa a Koldo como «alter ego» de Ábalos

En su escrito, Anticorrupción sostiene que Koldo García actuaba como el «alter ego» del exministro y «fiel transmisor de sus decisiones y deseos». Le señala como testaferro y pieza clave para articular las presuntas actividades delictivas vinculadas a la adjudicación de contratos públicos en plena emergencia sanitaria.

El magistrado del Supremo afirma que Ábalos, García y Aldama se concertaron poco después del nombramiento del ministro en 2018 para beneficiarse económicamente de futuras adjudicaciones. Según los autos, Aldama dispuso de información privilegiada sobre la necesidad urgente de material sanitario, lo que le permitió presentar ofertas con ventaja. La empresa Soluciones de Gestión obtuvo así contratos de Puertos del Estado (ocho millones de mascarillas) y de ADIF (cinco millones), tras una orden firmada por Ábalos en marzo de 2020.

Las acusaciones, alineadas en pedir prisión e imponer altas penas

Las acusaciones populares han reiterado este jueves su petición de celebrar la vistilla y solicitan 30 años de prisión para Ábalos y Koldo García. Para Aldama coinciden con la Fiscalía al pedir siete años.

Ábalos, por su parte, mantiene públicamente que seguirá defendiendo su inocencia , pese a «la dureza de la situación».