La asociación Amama ha rechazado formalmente remitir a la Junta de Andalucía los datos que tiene en su poder sobre las mujeres afectadas por fallos en el cribado del cáncer de mama, tal y como le había requerido la Consejería de Sanidad dada la “alarma social” que ha provocado la discrepancia de cifras en torno a la crisis de los cribados: Amama sostiene que ellas cuentan con 4.000 casos y la Consejería ha acotado el problema a 2.317 pacientes.

La respuesta que ha remitido al Gobierno andaluz la entidad que destapó los fallos con estas pruebas diagnósticas es que “no puede, por habilitación legal, trasladar esos datos”. “Amama no puede emitir información alguna que constituya dato sanitario personal sin consentimiento expreso, escrito e informado de sus socias, porque cualquier actuación en ese sentido supondría una vulneración grave del régimen de protección de datos que la Ley prohíbe”, argumenta la asociación en su escrito, publicado en sus redes sociales minutos antes de comparecer en rueda de prensa la presidenta de Amama, Ángela Claverol.

Amama califica el requerimiento de la Junta de “sorpresivo”, toda vez que “reclama a una humilde asociación de mujeres datos, todos ellos confidenciales, y que solo maneja en su integridad la propia administración que los solicita”. Además, le afea a la Consejería que reclame datos quien “públicamente debe decir dónde ha estado la gravísima negligencia que ha llevado a las mujeres a contraer una enfermedad gravísima o a agravar mucho más la que ya se padecían”.

“Es la administración sanitaria la que debe tener los datos de las mujeres que no fueron citadas [a las pruebas complementarias tras unas primeras con resultados ”no concluyentes“], las que sufrieron retrasos y las consecuencias que derivaron para cada una de ellas”, insisten desde la asociación.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha manifestado este viernes que no va a “polemizar” con Amama por su negativa a compartir los datos, pero le ha recordado que la Ley de Salud Pública recoge la obligación de los ciudadanos de “poner en conocimiento de las autoridades sanitarias cualquier evento o situación que pueda constituir una emergencia de salud pública”.

“Quien habla de 4.000 personas sobre las que la administración no tiene conocimiento, para mí es una emergencia de salud pública, no sé para los demás, si existiera, claro”, ha manifestado Sanz, en declaraciones a los medios de comunicación en Córdoba. “No voy a polemizar, desde luego en ningún caso, porque para mí lo importante es poder prestar esa asistencia sanitaria a las mujeres si realmente existen”, ha recalcado el titular de Sanidad, quien ha apuntado que es “difícil de entender” que Amama diga que tiene unos datos que no tiene el SAS.

Amama se defiende

La entidad que destapó los fallos en el cribado de cáncer de mama invoca en última instancia la Ley de Procedimiento Común que, según explica, “no impone en modo alguno obligación de las asociaciones de pacientes ni otras entidades privadas ni habilita el tratamiento de datos que son protegidos por Ley”. En definitiva, “no ha lugar a ese requerimiento ni está amparado por el articulado de la Ley siendo, insistimos, responsabilidad del SAS obtener dicha información por sus propios medios”, concluyen en su respuesta al Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Cabe recordar que la Dirección Gerencia del SAS remitió un escrito a la Asociación Amama para requerirle “formalmente para que, en el plazo máximo de diez días hábiles” –que se cumplen este próximo jueves 27 de octubre– le remita “toda la información, documentación o testimonios de los que pudieran disponer” en relación a posibles incidencias con el funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama en la sanidad andaluza.

En concreto, mediante este requerimiento, se solicita a Amama información que pueda disponer la asociación relativa “a mujeres en las que se hubiera producido una falla de información y un retraso en la realización de la prueba diagnóstica recomendada tras un hallazgo radiológico probablemente benigno”.

Este paso dado por la administración autonómica se produce después de que la presidenta de la asociación Amama, Ángela Claverol, confirmara que la entidad ha presentado ya 25 denuncias –reclamaciones patrimoniales– de mujeres de las provincias de Sevilla (15) y Jaén (10) que han desarrollado cáncer por los fallos de comunicación en el cribado del cáncer de mama, al no ser informadas de que sus pruebas en el programa de detección precoz arrojaron un resultado no concluyente que requerían de más análisis para descartar lesiones tumorales. La Junta ha cifrado en 2.317 las mujeres afectadas por estos fallos.

Sanidad cuestiona los datos de Amama

El SAS justificaba este requerimiento señalando que, “en los dos últimos meses, la asociación Amama ha realizado diversas manifestaciones públicas relativas a supuestas incidencias en el programa de detección precoz del cáncer de mama, señalando la existencia de un número de mujeres que no habrían sido informadas y que habrían sufrido retrasos en la realización de pruebas diagnósticas en una magnitud muy superior a la comunicada oficialmente por esta administración sanitaria”.

“Las cifras difundidas por Amama no se corresponden con los datos verificados en los registros clínicos oficiales, generando una discrepancia que, por su impacto sanitario y social, exige una aclaración inmediata y documentada”, señalaba el servicio andaluz, que justificaba así dicho requerimiento.

El “problema es”, ha añadido el consejero de Sanidad en sus declaraciones de este viernes, que una entidad dice que son “4.000, que nadie sabe dónde están”: “Nosotros tenemos la obligación de decir que si existen, queremos atenderlas y ofrecerles la asistencia sanitaria”. Sanz también ha señalado que es “imposible” que Amama tenga unos datos de los que no dispone la administración.

A la pregunta de si la Junta se plantea “acciones legales” ante la negativa de Amama a responder a su requerimiento, Sanz se ha limitado a recordar al abogado de Amama, que es quien ha respondido al requerimiento de la Junta, lo que dicen las leyes de procedimiento administrativo y de Salud Pública.