Las reacciones en el ámbito gubernamental a la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, van desde la proclamación de una especie de santidad laica del condenado hasta, simple y llanamente, la acusación sin demasiadas veladuras de prevaricar a los cinco magistrados del Tribunal Supremo que decidieron su culpabilidad por un delito de revelación de secretos. Desde la equívoca declaración de acatamiento del ministro de Justicia, Félix Bolaños, hasta los exabruptos contra la independencia de los jueces, inaceptables en democracia, de la izquierda comunista, todo trasluce el estado de histeria en el que se halla el sanchismo, tocado por una sentencia que desnuda la manera torticera de entender el manejo de los instrumentos del Estado, propia de este Gobierno. No es solo la pue

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