Desde hace 5 años, la relación entre el poder político y la prensa en el Perú ha transitado por un deterioro acelerado. Cuando los periodistas publicaron investigaciones sobre reuniones clandestinas en Pasaje Sarratea, presiones para ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas o las redes de operadores enquistadas en distintas entidades del Estado, la respuesta del castillismo no fue esclarecer los hechos, sino convertir a la prensa en enemigo político. Se instaló la narrativa de que los medios “golpeaban” al Gobierno, no porque existieran evidencias graves, sino porque “defendían intereses”. Ese discurso permitió justificar el cierre de puertas, el cerco comunicacional y el uso de conferencias controladas para evitar preguntas incómodas.

El régimen de Dina Boluarte continuó la misma diná

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