El Ministerio de Justicia está elaborando una propuesta para encontrar un reemplazo para Álvaro García Ortiz, actual fiscal general del Estado, quien ha sido condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación. Esta condena se debe a la revelación de datos reservados, aunque la sentencia aún no es firme. Fuentes de Moncloa han indicado a TVE que el proceso dependerá de la decisión del propio García Ortiz, lo que podría influir en los plazos de su sustitución.

El Gobierno ha manifestado su intención de respetar los tiempos y la voluntad del fiscal general, lo que podría acelerar o ralentizar la búsqueda de un nuevo candidato. Se ha señalado que el perfil del futuro fiscal debe ser una persona "de máxima solvencia" que garantice la "institucionalidad" de la Fiscalía.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se pronunciará sobre este tema el próximo domingo durante una rueda de prensa en Johannesburgo, Sudáfrica, donde asiste a la Cumbre del G-20. La condena a García Ortiz fue anunciada el jueves, y se le impuso una multa de 7.200 euros por la filtración de un correo electrónico que contenía la confesión de delitos fiscales de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Este caso es histórico, ya que es la primera vez que un fiscal general del Estado se enfrenta a un juicio. Además de la inhabilitación, García Ortiz deberá asumir las costas procesales, incluyendo una indemnización de 10.000 euros por daños morales a la parte demandante.

Tras la sentencia, el Gobierno ha expresado su desacuerdo con el fallo del Supremo, mientras que los partidos de la oposición, como el PP y Vox, han exigido la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones anticipadas. La situación en la Fiscalía se encuentra en un punto crítico, y la atención está centrada en cómo se desarrollarán los acontecimientos en los próximos días.