Extorsión: cuando la ley avanza, pero el Estado retrocede

La aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión debería representar un paso decisivo contra uno de los crímenes que más lastiman al país. Sin embargo, queda claro que el oficialismo está más preocupado por simular, y por proteger a los criminales en lugar de proteger a las víctimas.

Y es que incluso la mejor ley fracasa si no hay Estado que la haga cumplir. La realidad es que no existe presupuesto específico para implementar la ley: la fiscalía que asumiría estos casos cuenta apenas con 27.7 millones de pesos, insuficientes para tecnología, inteligencia, equipo o vehículos, lo mínimo indispensable para combatir el delito de forma seria.

Mientras tanto, las víctimas acumula

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