Una nueva asociación que reclama la dimisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha congregado a un variopinto grupo de personalidades vinculadas al socialismo y la izquierda madrileña. Entre sus miembros fundadores figuran cargos del PSOE, personas galardonadas por el Ministerio de Igualdad de la socialista Ana Redondo, altos cargos de empresas públicas como Renfe y el ex marido de la ex alcaldesa de Madrid Manuela Carmena, según se desprende de la documentación de la entidad.

La asociación Defiéndete en Derecho , inscrita en el registro de asociaciones de ámbito nacional del Ministerio del Interior, ha presentado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un escrito suscrito por más de 10.000 firmas . En él solicitan «respetuosamente» la dimisión inmediata de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo en pleno tras la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

La Junta Directiva de la asociación, elegida por unanimidad, está presidida por Amador González Aparicio. Se trata de un abogado que ha ejercido como alto cargo de la empresa pública Renfe : director de Organización y Recursos Humanos de la Dirección General de Larga Distancia.

Alicia Lorente Serrano, otra de las vocales de la asociación, ejerce actualmente como vocal vecino del Grupo Municipal Socialista en la Junta de Distrito de Barajas del Ayuntamiento de Madrid, con una retribución mensual de 653,26 euros mensuales según consta en la información pública del consistorio.

Entre los vocales destaca Eduardo Leira Sánchez, arquitecto y ex esposo de Manuela Carmena. Leira, quien estudió en Harvard y Berkeley, ha desarrollado una dilatada carrera profesional, aunque su trayectoria empresarial ha estado salpicada de controversias judiciales relacionadas con su estudio de arquitectura. En concreto fue denunciado por sus trabajadores por alzamiento de bienes , pero fue finalmente absuelto.

También forman parte de la Directiva Carmen Roney Albareda , histórica dirigente feminista que fue diputada de la Asamblea de Madrid por el PCE. Roney ha sido reconocida recientemente por el Ministerio de Igualdad con la Medalla a la Igualdad por su papel en la Ley contra la Violencia de Género, según informó el equipo de Ana Redondo en junio.

Miguel Ángel Tejado Hermoso , también vocal, ha desarrollado su carrera profesional en Renfe , donde actualmente ocupa el cargo de gerente de Control de Auditoría de Operaciones, según su LinkedIn. Anteriormente fue jefe de Clientes Institucionales en Renfe Viajeros.

Carlos Sotos Pulido es otro de los vocales. Sotos, ex promotor inmobiliario y ex gerente de la cooperativa PSV, ingresó en el PCE en 1972 y fue concejal del Ayuntamiento de Madrid en 1982. Su trayectoria posterior estuvo marcada por el escándalo de PSV, que afectó a miles de cooperativistas y le llevó a prisión en 1994.

El pasado judicial de Sotos resulta particularmente llamativo en el contexto de esta asociación que reclama garantías judiciales. El ex gerente ingresó en la prisión de Carabanchel en 1994, tras una declaración judicial en la que fue incapaz de justificar el destino de miles de millones de pesetas aportados por cooperativistas. Permaneció más de un año en prisión preventiva, hasta que en 1995 el Tribunal Constitucional decretó su libertad condicional pese a que el juez instructor y la Audiencia Nacional en dos ocasiones defendían su encarcelamiento por alarma social y peligro de fuga .

Para salir de prisión tuvo que pagar 30 millones de pesetas que, según declaró, no poseía y que finalmente consiguió gracias a la ayuda económica de «unos amigos». En 2001, la Audiencia Nacional le condenó a dos años y cuatro meses de cárcel, por apropiación indebida sin enriquecimiento, pero no volvió a prisión.

Críticas al Supremo

En su comunicado, la asociación ha manifestado su «enorme descrédito » hacia la Justicia. Critican que la sentencia contra el fiscal general se haya hecho pública «en una fecha cargada de simbolismo en la historia de nuestro país», en referencia al aniversario del fallecimiento de Francisco Franco.

«Nos parece prudente exigir (también con el mayor respeto a la independencia del Poder Judicial) la inmediata dimisión de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo en pleno», señala el texto publicado en su página web . La asociación considera que esta medida es necesaria «precisamente para que el Poder Judicial sea eso: independiente».

La entidad también ha cuestionado el proceso judicial contra García Ortiz, argumentando que no comprenden «cómo un secreto revelado por un obligado tributario » puede transformarse «en una imputación al máximo representante de la Fiscalía General  por haber desmentido determinadas informaciones falsas».

«Nuestra Asociación quiere solidarizarse con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, deseándole perseverancia y continuidad en el desempeño de sus funciones», reza el documento.

Han abierto una recogida de firmas dirigidas tanto al Defensor del Pueblo como al CGPJ «por considerar que es presumible la vulneración de derechos constitucionales». Invocan principios como el in dubio pro reo  y cuestionan dónde queda «la libertad de prensa , cuando se obvia paladinamente la declaración de periodistas sujetos a la obligación de no revelar sus fuentes de información».

La iniciativa ha logrado reunir más de 10.000 firmas . Según explican en su web, la asociación se define como un colectivo constituido «por decenas de personas procedentes de diferentes sectores de la sociedad civil, preocupadas por la deriva prolongada de la Justicia».

OKDIARIO ha tratado de contactar con el presidente, Amador González Aparicio, sin que por el momento haya respondido a la llamada. Está al frente de una Junta Directiva que refleja un grupo que aúna trayectorias políticas del PSOE y el PCE, profesionales y activistas izquierdistas bajo un objetivo común: cuestionar la actuación de la cúpula judicial española en un momento de máxima tensión institucional.

Precisamente fuentes fiscales alertan a OKDIARIO del cuestionamiento por parte de la izquierda al Supremo en estos momentos. «Hay que pedir calma a la ciudadanía y respeto a las instituciones. No se puede increpar de esta manera, políticos actuando como hooligans . Nos estamos llevando por delante el Estado de Derecho. Esto no es un partido de fútbol. Aquí no hay buenos y malos, hay profesionales que juzgan una situación de forma técnica y guste más o menos la sentencia es el juego democrático , si no es la ley de la selva».