El Gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto a Teresa Peramato Martín como nueva fiscal general del Estado , en sustitución de Álvaro García Ortiz , quien presentó su dimisión tras haber sido condenado por revelación de secretos .

Según ha publicado OkDiario , el nombramiento de Peramato responde a una sugerencia del propio García Ortiz , lo que ha generado críticas en distintos sectores jurídicos por su cercanía ideológica y profesional con el ex fiscal general.

Perfil de Teresa Peramato

Actualmente, Peramato es fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal del Tribunal Supremo y delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal . Ha destacado por su trabajo en violencia de género , siendo fiscal contra la violencia sobre la mujer entre 2021 y 2025 , y anteriormente en la Fiscalía Provincial de Madrid desde 2005.

También fue presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) entre 2019 y 2021 , asociación a la que también pertenece Álvaro García Ortiz .

Proceso de nombramiento

El Consejo de Ministros ha iniciado el proceso para oficializar su nombramiento. Tras ello, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitirá un informe no vinculante , y posteriormente, Peramato comparecerá en la Comisión de Justicia del Congreso . El último paso será la aprobación definitiva por parte del Gobierno.

Un relevo controvertido

Según fuentes jurídicas citadas por OkDiario, la decisión responde al interés del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños , por mantener la línea de actuación de García Ortiz a través de una figura de su confianza .

También se barajó el nombre de María Ángeles Sánchez Conde , actual teniente fiscal del Tribunal Supremo, como posible candidata.

Condena a García Ortiz

El Tribunal Supremo ha condenado a Álvaro García Ortiz a:

  • 2 años de inhabilitación especial

  • Multa de 7.200 euros

  • Indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador , pareja de la presidenta madrileña, por daños morales

  • Pago de las costas del juicio

La condena fue dictada por mayoría del tribunal (5 votos a favor, 2 en contra) por un delito de revelación de datos reservados , recogido en el artículo 417.1 del Código Penal .

Se trata de la primera vez en la historia democrática de España que un fiscal general del Estado es condenado por este tipo de delito.