La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha expresado su descontento con las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Durante su XXVII Congreso celebrado en Murcia, la APM emitió una dura declaración institucional en la que acusa a Sánchez de sobrepasar los límites de la "lealtad institucional". El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, estuvo presente en la clausura del congreso y respondió a las críticas. Este enfrentamiento no es nuevo, ya que la APM ha criticado al Ejecutivo en varias ocasiones, incluyendo un reciente comunicado sobre la inclusión de logos del Gobierno en carteles de tribunales. Las críticas de la APM se centran en los comentarios de Sánchez sobre la condena a García Ortiz, quien fue acusado de revelación de secretos. El presidente cuestionó si el fiscal había cometido un delito, a pesar de que la sentencia del Tribunal Supremo aún no se ha publicado. Sánchez afirmó que el tiempo "pondría las cosas en su sitio" y rechazó pedir disculpas, asegurando que su Gobierno se mantendría con la verdad. La APM considera que estas declaraciones ponen en riesgo el principio de separación de poderes. En su comunicado, subrayan que el respeto al Poder Judicial es esencial en un Estado democrático de Derecho. La asociación argumenta que las declaraciones de Sánchez, que ofrecen juicios sobre un caso en curso, constituyen una intromisión y quebrantan el deber de respeto que debe existir entre los poderes del Estado. La APM también critica la anticipación de juicios sobre la culpabilidad del fiscal y los intentos de desautorizar públicamente la decisión del Tribunal Supremo. En su nota, enfatizan que este comportamiento es especialmente grave, ya que se realizó sin esperar a conocer las razones de la condena. Durante el acto de clausura, Bolaños defendió la postura del Gobierno, afirmando que en democracia es posible criticar resoluciones judiciales siempre que se haga con respeto. Aseguró que no se deslegitima a la Justicia ni a ningún tribunal. En respuesta, Mª Jesús del Barco, presidenta de la APM, rechazó la postura del Gobierno, afirmando que no comprarían su "producto" debido a sus "vicios ocultos". Su intervención fue recibida con una ovación en pie por parte de los asistentes, reflejando la polarización existente en el debate sobre la relación entre el Gobierno y el Poder Judicial.