El Tribunal Constitucional (TC) de Perú se pronunciará en las próximas semanas sobre una demanda presentada por los abogados de Pedro Castillo, quien busca anular el juicio oral que lo condenó a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para la rebelión. El abogado de Castillo, Hugo Yataco Pérez, argumentó en la audiencia del TC que el juicio es nulo debido a la falta de un fiscal supremo titular en las audiencias. "El día jueves será la lectura de sentencia de este caso y lo más probable es que haya una sentencia condenatoria", afirmó Yataco. El abogado solicitó, sin éxito, una medida cautelar para suspender la audiencia del adelanto de fallo hasta que el TC determine la constitucionalidad del juicio. Este mismo argumento fue previamente rechazado por el Juzgado Supremo y la Sala Penal Permanente, que sostienen que los fiscales adjuntos supremos están habilitados para participar en representación del fiscal supremo. La presidenta del TC, Luz Pacheco, dejó la demanda de habeas corpus al voto, y se espera que el fallo se conozca en las próximas semanas. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó a Pedro Castillo por su intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022. Junto a él, Betssy Chávez y Willy Huerta recibieron la misma pena, mientras que Aníbal Torres fue sentenciado a 6 años y 8 meses de prisión debido a su avanzada edad. Todos los condenados deberán pagar una reparación civil de 12 millones de soles (aproximadamente 3.562.000 dólares) y cumplir con 2 años de inhabilitación. El tribunal determinó que la ejecución de la pena para Torres y Huerta se suspenderá hasta que la sentencia sea confirmada en segunda instancia, ya que ambos permanecen en libertad. La condena fue dictada por mayoría, con los votos de los jueces José Neyra Flores y Norma Carbajal Chávez, mientras que el juez Iván Guerrero López emitió un voto en discordia. Según el fallo, Castillo actuó con la intención de quebrantar el orden constitucional al cerrar el Congreso y coordinar un mensaje golpista. Los jueces consideraron probado que, días antes del golpe, Castillo modificó la titularidad del Ministerio de Defensa y coordinó acciones con Chávez y Torres. Además, se documentó que intentó impedir el ingreso de congresistas y solicitó la detención de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. La sentencia descartó el delito de rebelión, concluyendo que no se concretó un alzamiento armado, y calificó los hechos como conspiración para la rebelión. En el caso de Betssy Chávez, se estableció que conocía el contenido del mensaje presidencial y no informó a los periodistas estatales. Willy Huerta fue considerado parte del acuerdo para atentar contra el orden constitucional, mientras que tres policías fueron absueltos por falta de pruebas. Castillo también fue absuelto de los cargos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, ya que estos delitos estaban comprendidos en la condena por conspiración.