La alarma llegó a la Justicia de la mano de la Cámara Federal Argentina de Fabricantes, Distribuidores e Industrializadores del Gas Licuado y sus Componentes (Cafadigas), que reúne a buena parte de la cadena formal y que preside Darío Simonetti. “Modificaron la ley para darle más competitividad al negocio y que ingresen nuevos actores, pero el efecto fue adverso”, sostuvo el titular de la Cámara en diálogo con PERFIL.

En una acción declarativa de inconstitucionalidad, la entidad sostiene que el decreto desarmó de un día para el otro los mecanismos de control que regían sobre un producto inflamable y esencial para millones de hogares sin gas por red, y que el vacío regulatorio habilitó un “descontrol” que habilita posibles accidentes, un escenario que ya se ve en territorio.

A la par de l

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