El sector energético colombiano atraviesa una crisis alarmante. Las preocupaciones se centran en los riesgos financieros, la acumulación de deudas y la posibilidad de aumentos en las tarifas eléctricas, así como apagones en los próximos años. Las cifras son preocupantes. Al cierre de noviembre de 2025, las empresas comercializadoras tienen saldos por recuperar cercanos a $6,1 billones. De esta suma, $2,4 billones son opción tarifaria, $2,3 billones en subsidios y $1,4 billones corresponden a deudas de usuarios oficiales. José Camilo Manzur, presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), afirmó que esta deuda representa “cerca de dos años de ingreso bruto de los comercializadores, en promedio”. En el caso de Afinia, la cifra equivale a cuatro años de ingresos. Manzur destacó que el 69% de los saldos corresponde a deuda pública, lo que afecta la capacidad operativa de las empresas. “Si no disponemos de los recursos necesarios, no podremos honrar nuestros compromisos de compra de energía o financiar los subsidios”, enfatizó. Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), coincidió en la gravedad de la situación, señalando que las empresas distribuidoras llevan diez meses sin recibir pagos de subsidios, acumulando un déficit de $2,8 billones. Ambos líderes gremiales advirtieron sobre el riesgo sistémico que implica la acumulación de deudas. Esto podría llevar a la intervención estatal de empresas y afectar directamente a los usuarios. En cuanto a la política de subsidios, Manzur criticó que “no están bien focalizados”, ya que muchos usuarios de altos ingresos los reciben. Propuso que los subsidios se asignen considerando el nivel de ingreso y consumo de los usuarios. Castañeda también insistió en la necesidad de reformar el sistema de subsidios, lamentando la falta de avances en este sentido. Manzur indicó que, en promedio, la propuesta de regulación podría significar una disminución de $2.400 mensuales para los usuarios de estrato uno, lo que no es representativo. Sin embargo, la falta de garantía en la prestación del servicio es crítica. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) ha presentado propuestas que, según Manzur, agravan la situación financiera de los comercializadores. “Casi que a todo el mundo le disminuye la remuneración”, advirtió, lo que podría llevar a la quiebra de muchas empresas. La falta de nueva capacidad de generación también es preocupante. Castañeda alertó sobre el riesgo de racionamientos de energía eléctrica para 2027, ya que la subasta de expansión de generación ha sido poco exitosa. Manzur destacó que la brecha entre oferta y demanda se está estrechando, lo que podría resultar en mayores precios para los usuarios. Ante este panorama, Manzur instó a las autoridades a actuar con rigor técnico y a facilitar la entrada de nuevos proyectos de generación y asegurar el suministro de gas. La situación del sector energético colombiano requiere atención urgente para evitar un colapso que afecte a millones de usuarios.