¿Tiene fundamentos científicos la resignificación del Valle de los Caídos?

El 11 de noviembre se hizo público el resultado del concurso de proyectos convocado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana español el pasado mes de abril para la “resignificación” del Valle de los Caídos, antiguo mausoleo de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, que también acoge los cuerpos de otras 33 000 personas llevadas durante la dictadura y la Transición, hasta 1983.

Resultó ganadora la propuesta “La base y la cruz”, de los estudios Pereda Pérez Arquitectos y Lignum S. L., que recibirán 4 millones de euros como honorarios para realizar una intervención que costará otros 26 millones de euros.

Se propone así una “gran grieta” que, según el secretario general de Agenda Urbana, Iñaqui Carnicero, transformará el Valle y se enfrentará “a la monumentalidad del conjunto existente”. Se eliminará la escalinata vertical que da acceso a la basílica y en su lugar se construirá un nuevo soportal a los pies del templo. Se argumenta desde el Gobierno que dará “más protagonismo a la naturaleza”, así como que “invita al diálogo y a una visión más plural, más democrática, donde se incluyan muchas perspectivas”.

Normalmente las políticas públicas están respaldadas por evidencias científicas, ya sea para la planificación de un nuevo viaducto o la próxima campaña de vacunación antigripal. No obstante, esta decisión parece estar basada más en creencias que en datos empíricos.

Políticas públicas y convicciones

La socióloga Sarah Gensburger y la politóloga Sandrine Lefranc, ambas investigadoras del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po), han señalado en su trabajo que las políticas de memoria siguen siendo políticas.

Lo que entendemos como políticas de memoria han tendido a ser estrategias que pretenden debilitar la legitimidad de regímenes anteriores y buscan disuadir a quienes apoyan sus ideas. Se sustentan sobre la convicción de que conocer las violencias y tragedias del pasado permitirá construir en el presente sociedades pacíficas y tolerantes, evitando así que conflictos similares vuelvan a producirse.

Sin embargo, esas evocaciones de carácter pedagógico y reconciliador, basadas en la hipótesis de que “el que olvida, repite”, utilizan un argumento político que no es una evidencia psicológica. Los estudios de las últimas décadas han demostrado, de hecho, lo contrario.

Gensburger y Lefranc han trabajado sobre el caso francés y han resuelto que la multiplicación de políticas de memoria discurrió en paralelo al aumento de los votantes de extrema derecha. Ponen ejemplos anteriores que han determinado que las actividades pedagógicas en lugares como Auschwitz-Birkenau en lugar de favorecer el diálogo han dado pie a ideas chovinistas y de aislamiento, especialmente en el caso de jóvenes israelíes. O en Bélgica, donde algunos programas didácticos sobre la Primera Guerra Mundial generaron deseos de venganza y no de pacifismo.

El discurso autorizado del patrimonio

Al mismo tiempo que las decisiones sobre la resignificación del Valle se basan en creencias en lugar de hechos científicos, también se ven mediadas por lo que puede denominarse la ideología del patrimonio.

La historiadora francesa Françoise Choay, especialista en urbanismo y arquitectura, señalaba que la invención del monumento histórico está basada en la oportuna confusión que genera que tanto construcciones conmemorativas como restos antiguos se etiqueten como monumentos, aunque sean figuras opuestas.

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Esto tiene que ver con el hecho de que el origen de los monumentos modernos está en la Italia del siglo XV. En aquel momento se vio en los símbolos de la Roma imperial un medio para legitimar la dominación económica y política por parte de las élites económicas, militares y religiosas.

Estas ideas se extendieron durante la construcción de los estados-nación con lo que el historiador Eric Hobsbawm llamó “tradiciones inventadas”. Así se denominan los artefactos y prácticas que se presentan o perciben como históricos pero que son recientes y están conscientemente “disfrazados” de antiguos para parecer legítimos (como es el mismo Valle de los Caídos con su arquitectura historicista de los años 50).

Además, se adoptaron en marcos legales y protocolos internacionales como la Carta de Atenas (1931), la Carta de Venecia (1964), los convenios de La Haya (1954) y las cartas de ICOMOS y la UNESCO.

Todas iban a la zaga de Alois Riegl, historiador del arte al servicio del Imperio Austrohúngaro. Riegl teorizó los “hechos” y “valores objetivos” por los cuales se determina un monumento como “documento original” a conservar. Al definirlo como “antiguo”, “conmemorativo” o “histórico”, se ocultaba la agenda política detrás de la decisión de conservarlo.

La investigadora australiana Laurajane Smith advierte sin embargo de que la forma dominante y legitimada de pensar, escribir y hablar sobre las prácticas de gestión del patrimonio es solo una: el llamado “discurso autorizado”. Esto imposibilita un debate real que conduzca a cambios en las prácticas de gestión y planificación: puede discutirse la resignificación del monumento pero no el derecho mismo a la existencia.

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En este sentido vemos que la existencia del Valle de los Caídos no ha sido discutida. Al contrario, se le han añadido más capas de valor. Alfredo González-Ruibal, arqueólogo español, afirma que la decisión incluso trata con más “tacto” al monumento que a otro patrimonio de mayor valor. A él no le “apetece dialogar en el Valle de los Caídos”, porque “el Valle es la dictadura. No hay ambigüedad ni matiz. Es un monólogo en el que no cabe diálogo alguno”. En este sentido, lo que la resignificación demuestra es la continuidad en el culto al monumento pero con una nueva capa de aparente “dialogismo”.

La trampa de la resignificación

Monumentos como el dedicado a los “judíos asesinados de Europa” en Berlín, el Museo Sitio de la Memoria ESMA en Buenos Aires o el contra-monumento “Fragmentos” en el Museo Nacional de Colombia comparten esa apuesta por hacer de memorias negativas espacios de diálogo y confrontación con el pasado. Al hacerlo asumen que estos monumentos tienen la cualidad dialógica per se, una creencia atribuida a artefactos que acumulan una larga historia cultural.

Esa idea no solo reproduce una relación imaginaria con aquello que etiquetamos como “monumento”, sino que además, como demuestran mis trabajos junto a José María Durán Medraño, ignora que no todas las personas tienen el mismo derecho al espacio público ni lo ocupan de la misma manera. El espacio viene con unas condiciones materiales previas.

Las del Valle de los Caídos, por ejemplo, son las de una dictadura que impuso la desposesión y explotación de millones de personas. Estas personas no van a dialogar con una estructura de estas características porque su memoria –generalmente oral y precaria– no tiene unas dimensiones materiales equiparables a las del Valle para disputar el relato. Por tanto, pensar que un monumento construido por el franquismo puede tener un uso “dialógico” es una ilusión que va más allá de toda fundamentación empírica.

Solo hay que observar el agravio comparativo que surge al ver cómo la memoria de las mujeres que sobrevivieron a la represión estuvo basada en la precariedad. Durante décadas debieron esquivar a los agentes del Estado para poder dejar ofrendas florales clandestinas sobre las fosas comunes donde se habían abandonado los cadáveres de sus compañeros, hijos, maridos, padres. Solo la financiación fruto de la autoorganización familiar, vecinal, militante o la suscripción popular permitió que esos lugares contasen con humildes jardines, placas y monolitos que cambiaran su significado.

De hecho, esta precariedad continúa. Así lo demuestran experiencias como la vivida en Valencia, donde el memorial demandado por la Plataforma de Asociaciones de Familiares de Víctimas del Franquismo de las Fosas Comunes de Paterna para alojar los restos exhumados en uno de los conjuntos de fosas más grandes del estado sigue sin completarse por falta de financiación.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation, un sitio de noticias sin fines de lucro dedicado a compartir ideas de expertos académicos.

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Daniel Palacios González es investigador en la Universidad Nacional de Educación a Distancia como parte del contrato JDC2023-052126-I, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades / Agencia Estatal de Investigación y por el Fondo Social Europeo Plus.