La familia de Alejandro Carranza, un pescador colombiano que se cree murió en un ataque militar de Estados Unidos en el Caribe, ha presentado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta acción, considerada la primera de su tipo contra operaciones militares estadounidenses, fue formalizada el martes por el abogado de derechos humanos Dan Kovalik. La denuncia sostiene que Carranza falleció el 15 de septiembre cuando su embarcación fue impactada por un ataque estadounidense frente a las costas de Colombia. Kovalik argumenta que este acto constituye una ejecución extrajudicial y una violación de los derechos humanos. "Estos muertes violan el derecho internacional. Violan la ley estadounidense. Queremos que esto cese", declaró Kovalik. El documento señala al secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, como responsable de ordenar el ataque, afirmando que su conducta fue respaldada por el presidente Donald Trump. Desde principios de septiembre, Estados Unidos ha llevado a cabo al menos 22 ataques contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico, resultando en al menos 83 muertes. La Casa Blanca ha defendido estas acciones, alegando que las embarcaciones atacadas estaban asociadas con cárteles de drogas en conflicto armado con EE.UU. Sin embargo, Kovalik sostiene que Carranza solo estaba pescando marlín y atún en el momento del ataque. El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha declarado que Carranza era un pescador de toda la vida, sin vínculos con el narcotráfico. Aunque admitió que Carranza pudo haber aceptado dinero para transportar mercancías prohibidas debido a su situación económica, enfatizó que "nunca sus acciones merecieron la pena de muerte". Petro anunció que Kovalik ha iniciado una defensa judicial para la familia de Carranza y que se debe convocar a una comisión de abogados colombianos para investigar lo que él considera "delitos" en el Caribe. La CIDH ha expresado su preocupación por los ataques de EE.UU. y ha instado a garantizar que todas las operaciones de seguridad sean coherentes con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. La denuncia presentada por la familia de Carranza busca no solo justicia, sino también prevenir futuros incidentes similares. Kovalik ha afirmado que esta queja es solo el comienzo y que espera que se presenten más denuncias en el futuro. La CIDH, por su parte, ofrece a las víctimas de violaciones de derechos humanos la posibilidad de obtener asistencia y, si se aceptan las peticiones, formulará recomendaciones al país responsable para investigar los hechos y reparar los daños causados.