E l Senado de la República aprobó este martes una lista de 10 aspirantes para ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), en la que figura Ernestina Godoy como la favorita.

La decisión se da tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero, aceptada por el Senado bajo la justificación de que él asumirá una embajada —una salida cuestionada por sectores de la oposición.

Qué ofrecen quienes apoyan su llegada

Sus defensores señalan que Godoy tiene experiencia —fue consejera jurídica del Ejecutivo—, lo que facilitaría una rápida coordinación entre la FGR y otras instancias del gobierno federal.
Incluso autoridades del gabinete de seguridad afirmaron que su nombramiento podría mejorar la cooperación institucional.

Por qué crecen las críticas: riesgo de subordinación política e impunidad selectiva

La principal preocupación: que su designación pone en jaque la independencia de la Fiscalía. Legisladores de oposición advierten que Godoy representa un vínculo claro con el gobierno actual —una continuidad del mando político sobre la procuración de justicia.


Para algunos analistas, más que una transición institucional democrática, este relevo evidencia un retorno al control político de la FGR, lo que podría traducirse en persecuciones selectivas, favoritismos o una manipulación de los casos de alto impacto.

Además, la rapidez en el proceso (que incluyó la renuncia de Gertz, la terna enviada por la Presidencia y la aprobación en el Senado) refuerza la percepción de un plan diseñado desde el poder, dejando poco espacio para la pluralidad o el escrutinio público.

Qué está en juego: credibilidad, autonomía y el futuro de la procuración de justicia

Con este nombramiento, México se juega la posibilidad de reconstruir una Fiscalía autónoma, profesional y confiable —o de consolidar un órgano subalterno al gobierno. La elección de Godoy podría definir si la FGR cumple su rol constitucional como garante de justicia imparcial o si se convierte en un instrumento de control político.

En un país con altos índices de impunidad y desconfianza institucional, la percepción pública sobre independencia y transparencia en la FGR será clave para legitimar el sistema de justicia. Todo apunta a que el siguiente capítulo en este relevo será determinante para el rumbo de la procuración de justicia en México. (Agencias)