La Audiencia Provincial de Madrid ha vuelto a corregir al juez Juan Carlos Peinado y ha levantado la imputación que pesaba sobre Francisco Martín, delegado del Gobierno en la capital, dentro de la causa contra Begoña Gómez . Los magistrados entienden que Peinado aceptó investigar a Martín basándose en la querella de Vox y en “meras suposiciones sin el más mínimo indicio de responsabilidad” en la parte del caso que analiza la contratación de la asistente de Begoña Gómez.

Peinado imputó a Martín el pasado mes de mayo tras admitir a trámite una nueva querella de Vox. Martín fue secretario general de Presidencia en Moncloa entre 2021 y 2023 y la extrema derecha afirmaba que tuvo un papel delictivo en la contratación de Cristina Álvarez, asesora al servicio de Begoña Gómez. En su declaración como investigado, Martín negó directamente haber participado en esa contratación.

El propio juez Peinado preguntó a las partes hace unos días si debía archivar la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid pero la Audiencia Provincial se ha adelantado: “Tratándose de meras suposiciones, sin que se aporte el más mínimo indicio de responsabilidad, procede acordar la inadmisión de la querella respecto del citado Francisco Martín Aguirre”.

La ramificación del caso que rodea a la asesora de Begoña Gómez es la que el juez Peinado ha utilizado para intentar llevar sus imputaciones hasta el Palacio de La Moncloa. El Tribunal Supremo frenó su intento de imputar al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y ahora la Audiencia Provincial de Madrid levanta la imputación de Martín, entonces también alto cargo. El propio Peinado reculó hace unos días y archivó la causa contra otra dirigente de Presidencia del Gobierno a la que pretendía encausar por el mismo asunto.

En este nuevo revés, la Audiencia Provincial de Madrid recuerda a Peinado lo que ya ha dicho otras veces: que esta pata de la investigación debe centrarse en si esta asistente fue más allá de sus funciones pública para favorecer el supuesto “plan delictivo” de Begoña Gómez para ejercer su “tráfico de influencias”. “Esta debía ser la dirección que debería tomar la instrucción”, reprocha el tribunal para después añadir que “no se proporciona el más mínimo indicio que el citado cargo tenga esa supuesta función de control”.

Que Begoña Gómez usara a su asistente para “intereses privados”, dice la Audiencia, puede ser un delito de malversación pero “no se cita en la querella, ni se proporciona el más mínimo indicio de la participación en dicha actividad del citado Francisco Martín Aguirre”. Peinado, por tanto, nunca debió admitir la querella de Vox del pasado mes de mayo contra Martín ni llamarle a declarar como imputado.