En plena crisis institucional por los escándalos de corrupción, acoso y desgobierno, el Ministerio de Igualdad ha decidido centrar sus esfuerzos presupuestarios en perseguir el uso del término «Charo» en redes sociales. Bajo el pretexto de analizar la «misoginia digital», el Gobierno lanza un nuevo informe ideológico que refleja la deriva censora y propagandística del actual Ejecutivo. La medida ha causado un profundo rechazo en los sectores defensores de la libertad de expresión, el pluralismo y el respeto al disenso social.

El feminismo institucionalizado como política de Estado

El informe, titulado «Análisis del discurso misógino en redes» , ha sido impulsado por el Instituto de las Mujeres , un órgano dependiente de Igualdad, actualmente dirigido por Ana Redondo. Este organismo fue reformado por Podemos durante la etapa de Irene Montero y se ha convertido desde entonces en un bastión ideológico de la izquierda posmoderna. El objetivo del documento es catalogar como violencia simbólica el uso del término «Charo» , un apodo crítico que se utiliza comúnmente en redes sociales para referirse a mujeres de izquierdas fuertemente ideologizadas y vinculadas al feminismo militante .

Ideología con dinero público

El hecho de que se destinen recursos estatales a monitorizar términos humorísticos en redes sociales es un nuevo ejemplo del uso partidista del aparato público para imponer una determinada visión del mundo. El texto no solo se limita a una descripción sociolingüística, sino que lanza acusaciones directas contra medios de comunicación, señalando públicamente al diario El Debate por un artículo crítico, al que califica de «manipulación periodística». Es decir, el Estado no se conforma con fijar la moral pública, sino que también pretende vigilar y castigar la disidencia .

Prioridades alejadas de los problemas reales

Mientras aumentan los casos de inseguridad, deterioro educativo y crisis económica, el Gobierno insiste en financiar observatorios ideológicos y producir documentos con lenguaje pseudocientífico. Se habla de la «manosfera» —término mal traducido del inglés— como un supuesto ecosistema digital masculino donde se gesta el odio a las mujeres. La realidad es que este tipo de informes perpetúan una visión victimista y paternalista de la mujer , desprovista de agencia y capacidad de respuesta en el espacio público.

Señalamiento y censura contra medios

La inclusión explícita de medios de comunicación como objetivo del informe ha encendido las alarmas en el ámbito jurídico y político. El hecho de que un ministerio utilice dinero público para fiscalizar artículos de opinión vulnera principios básicos del sistema democrático. La columna mencionada en el informe fue una crítica legítima a la deriva del Instituto de las Mujeres, y su señalamiento por parte del Gobierno se interpreta como una forma de amedrentamiento ideológico .

Menos victimismo, más responsabilidad

España necesita instituciones centradas en resolver los verdaderos problemas sociales, no en fabricar conflictos simbólicos con fines propagandísticos. La libertad de expresión incluye el derecho a la ironía, la crítica y la sátira política. Tratar de censurar palabras como «Charo» bajo el paraguas del feminismo institucional no solo es un error estratégico, sino una amenaza al pluralismo. Y si un apodo digital puede desestabilizar la política de Igualdad, quizá el problema esté más en la ideología que en las redes.