En México, la corrupción no siempre se mide en maletines de dinero o contratos amañados. A veces se viste de toga y se esconde detrás de resoluciones judiciales que, en lugar de proteger derechos, se convierten en armas para amedrentar, humillar y silenciar a quienes exhiben abusos del poder.

El caso de los periodistas de Campeche, obligados por mandato judicial a pedir disculpas públicas a la gobernadora Layda Sansores, es un ejemplo preocupante. Aun cuando apelaron, la sentencia fue confirmada y ejecutada con toda la solemnidad que otorga el aparato judicial… pero sin la justicia que debería sostenerlo.

Aquí el problema trasciende lo personal. No se trata solo de un agravio a tres comunicadores, sino de un mensaje inquietante: si te atreves a criticar a un servidor público con nexos su

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