Seis meses después del inicio del segundo mandato de Donald Trump, su Gobierno mantiene un enfrentamiento con el poder judicial federal, eludiendo órdenes judiciales que bloquean su agenda, demandando a jueces por supuesta mala conducta y avanzando hacia lo que varios jueces federales actuales y retirados advierten podría convertirse en una crisis constitucional.

Este verano, el Gobierno demandó a todo el tribunal federal de distrito en Maryland después de que su juez principal bloqueara temporalmente las deportaciones. También presentó recientemente una denuncia por mala conducta judicial contra el juez principal del influyente tribunal de distrito de Washington, James “Jeb” Boasberg, por comentarios que, según se informó, hizo en privado al presidente de la Corte Suprema, John Roberts,

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