Por Itzel Chan
Fotos: Patricio Eleisegui

M ÉRIDA, MX.- La comunidad maya de Xcucul Sur, en Umán, Yucatán, vive un proceso de hostigamiento y judicialización por oponerse a un banco de extracción de materiales que, desde 2021, opera con múltiples irregularidades y afectaciones socioambientales. El proyecto, vinculado al suministro de insumos para el Tren Maya, se ampara en una autorización de la Delegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) “Rehabilitación de banco de materiales para la extracción en estrato húmedo”, promovida por Asesoría Proser S.A. de C.V., que expresamente prohibía el uso de explosivos.

Los pobladores denuncian que la adquisición del predio se hizo en una asamblea ejidal a puertas cerradas, sin consenso comunitario ni transparencia en los contratos. La MIA autoriza la extracción hasta cuatro metros por debajo del nivel freático en una superficie de más de 164 mil m², con un presupuesto de ocho millones de pesos para diez años, de los cuales apenas 10% se destinaría a mitigación ambiental.

En 2022, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) suspendió el permiso de uso de explosivos al comprobar que se detonaba dinamita a menos de 100 metros de las viviendas, provocando daños estructurales. Sin embargo, en 2024 el sitio reabrió bajo la administración del Grupo Zamudio, que obtuvo un nuevo permiso para usar explosivos, reavivando el conflicto.

Las denuncias interpuestas por la comunidad han derivado en clausuras de Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), pero también en amenazas y hostigamientos. El último episodio ocurrió cuando la Fiscalía de Yucatán citó a varios habitantes a comparecer este 11 de agosto, sin informar el delito ni quién los acusa, en lo que los pobladores consideran un intento de criminalizar su defensa del territorio.

La Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, ha alertado sobre el patrón de criminalización contra pueblos indígenas en México, con condenas severas y procesos legales que buscan desarticular movimientos legítimos.

En Xcucul Sur, el caso refleja un modelo extractivo que, bajo el argumento del “desarrollo”, combina la flexibilidad de los marcos regulatorios con la presión de megaproyectos, provocando despojo, deterioro ambiental y ruptura del tejido comunitario.

La comunidad exige la cancelación definitiva del proyecto, el cese del hostigamiento y el respeto a sus derechos colectivos, a su salud y a la integridad de su territorio. ( Noticaribe )