El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, ha respondido a las críticas del presidente Gustavo Petro sobre el proceso judicial de la reforma pensional. Ibáñez defendió la independencia del tribunal y emitió una nueva orden a la Cámara de Representantes.

El conflicto se originó tras las declaraciones de Petro, quien afirmó que Ibáñez "desconfía del presidente de la República" y que su actuación está motivada por "odio ideológico". Esto ocurrió después de que el magistrado solicitara nuevas pruebas, incluyendo información sobre el viaje del mandatario a España y Francia.

En respuesta, Ibáñez afirmó en un auto judicial que las acusaciones "no corresponden a la verdad" y son ajenas al deber de colaboración entre las ramas del poder público. Además, destacó que estas afirmaciones ponen en riesgo la independencia judicial, tal como lo establece el artículo 228 de la Constitución Política. El magistrado subrayó que se debe entender que la intención del presidente y sus ministros es la de acelerar el trámite de la acción pública de constitucionalidad.

Este intercambio se produce en el contexto de una demanda presentada por la senadora Paloma Valencia contra la Ley 2381 de 2024, que establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común. Valencia sostiene que el trámite legislativo no cumplió con el debate obligatorio en la plenaria de la Cámara de Representantes, lo que, según ella, vulnera el artículo 48 de la Constitución.

En su auto, Ibáñez amplió el plazo para la presentación de pruebas, fijando un segundo y último término de tres días hábiles. El objetivo es "garantizar la oportunidad de que los ciudadanos y las autoridades interesadas en este proceso puedan manifestar lo que estimen pertinente".

La Corte Constitucional también confirmó que recibió información sobre la presencia del presidente Petro en Colombia durante las convocatorias de las sesiones. Sin embargo, el Departamento Administrativo de la Presidencia y la Secretaría Jurídica indicaron que esta información tiene "reserva legal" y no podrá ser publicada.

Finalmente, el alto tribunal dispuso que, una vez vencido el plazo o recibidas las pruebas, se trasladará la documentación a la demandante, a los intervinientes y al procurador general, sin necesidad de un nuevo auto que califique la prueba, para avanzar en el proceso.