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Sandra Ortiz, la exconsejera presidencial para las Regiones, se quedó con el mote de “la mensajera” tras haber sido acusada de llevarle $3.000 millones, sacados de los recursos públicos de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, a los más altos dignatarios del Congreso a cambio de su apoyo para la agenda legislativa del Congreso.

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Primero que nadie, ella levantó la mano para ofrecer un testimonio de delación plena a cambio de beneficios judiciales y ofreció información nueva sobre un entramado que, según ella, fue más allá de los confines del Congreso y llegó hasta la Corte Constitucional.

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Desde antes de quedar recluida en un cuartel de la po

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