En el primer mandato del gobierno del presidente Donald Trump, el estado de Nueva York promulgó una ley para evitar que los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) operaran en cerca de tribunales, debido a impactos negativos en la aplicación de la justicia.

A cinco años de la promulgación de la Ley de Protección de Nuestros Tribunales (POCA, por sus siglas en inglés), las autoridades neoyorquinas enfrentan un nuevo reto que ha llegado a un tribunal federal, luego de una demanda de la Administración Trump contra la gobernadora Kathy Hochul y varios funcionarios, incluida la fiscal general del estado, Letitia James.

Las primeras acciones contra ICE en tribunales fueron las órdenes ejecutivas 170 y 170.1, emitidas en 2017 y 2018, las cuales también limitaban la cooperación de los

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