Un tribunal colombiano ha decidido liberar al expresidente Álvaro Uribe Vélez mientras apela su condena a 12 años de prisión domiciliaria. Esta decisión se produjo el martes y marca un momento significativo en el proceso judicial que enfrenta Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010.

Uribe había estado bajo arresto domiciliario en una hacienda de su propiedad en el noroeste del país. Sus abogados argumentaron que su detención vulneraba sus derechos de presunción de inocencia, libertad y debido proceso. Tras la resolución del tribunal, el expresidente expresó su gratitud a sus seguidores y a Dios, afirmando: "Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia".

La condena original fue dictada por la jueza Sandra Heredia, quien concluyó que Uribe instigó a un abogado para ofrecer donaciones a testigos con el fin de que negaran sus supuestos vínculos con grupos paramilitares. Sin embargo, Uribe fue absuelto de un cargo de soborno a una exfiscal condenada por corrupción. La jueza justificó la detención domiciliaria al señalar que la defensa del expresidente había utilizado "estrategias dilatorias" y que existía el riesgo de que pudiera huir del país.

El tribunal que ordenó su liberación consideró que Uribe no tenía antecedentes penales y había mostrado un buen comportamiento durante el juicio. La defensa del exmandatario ha apelado la decisión, y el Tribunal Superior de Bogotá será el encargado de revisar el caso.

El proceso judicial contra Uribe se inició en 2012, cuando el senador Iván Cepeda denunció sus presuntos vínculos con grupos paramilitares. A pesar de que Uribe ha negado estas acusaciones, la Corte Suprema cerró el caso contra Cepeda en 2018 y abrió uno contra Uribe por manipulación de testigos. Cepeda, reconocido como víctima en el proceso, expresó su respeto por la decisión del tribunal, aunque no la comparte, afirmando que Uribe ha ejercido presión sobre la justicia.

Además, una organización defensora de los derechos de los jueces en Colombia ha solicitado medidas de protección para la jueza Heredia, quien ha recibido amenazas de muerte tras su fallo. El Fondo de Solidaridad con el Poder Judicial Colombiano ha indicado que la jueza se encuentra en "evidente peligro" debido a las declaraciones de Uribe y sus partidarios.