Las revelaciones ante la JEP de los hermanos Francisco y Jaime Angulo Osorio, ganaderos de Ituango, han reactivado el debate sobre la responsabilidad de los financiadores de los crímenes cometidos por los paramilitares en 1996 y 1997, especialmente en relación con la masacre de El Aro, y otros episodios de violencia que dejaron un saldo de 24 campesinos asesinados.

El centro de la discusión involucró recientemente una cara conocida de los asuntos judiciales: Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, figura clave en la estructura financiera de los hermanos Castaño durante los años noventa y cuyo “centro de operaciones” era el Parqueadero Padilla, como se llamaba la oficina que llevaba a la mano la contabilidad de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

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