La segunda audiencia judicial del boxeador Julio César Chávez Jr. está programada para el sábado 23 de agosto de 2025. Sin embargo, enfrenta riesgos significativos debido a la naturaleza de los delitos que se le imputan. Actualmente, Chávez Jr. se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 11, en Hermosillo, Sonora, donde se concentran reos de máxima seguridad, vinculados al narcotráfico y lavado de dinero.

La directora del penal de Hermosillo ha solicitado formalmente al juez de Control, Enrique Hernández Miranda, que la audiencia se realice mediante videoconferencia. Esta medida busca evitar el traslado del boxeador al Centro de Justicia Penal Federal en Sonora, considerando la posibilidad de un ataque criminal debido a su cercanía con figuras del narcotráfico como “El Chapo” y Ovidio Guzmán.

En el oficio titulado “impedimento de traslado, se gestiona videoconferencia para la causa penal 15/2023”, se argumenta que esta medida es necesaria para garantizar la seguridad e integridad física de Chávez Jr. y del personal encargado del traslado. La distancia entre el penal y el Centro de Justicia es de 40 kilómetros. El documento señala: “Se solicita que la audiencia, programada a las 17.00 horas del sábado 23 de agosto, se lleve a cabo desde el interior del Cefereso, por el método alternativo de videoconferencia y/o en la sala que para tal efecto se cuenta en esta Unidad Administrativa, por medida de seguridad e integridad física del mismo -Julio César Chávez Jr.- y del personal que lleve a cabo el traslado.”

El penal cuenta con las herramientas necesarias para llevar a cabo audiencias y movimientos judiciales de manera segura, incluyendo salas de videoconferencia que cumplen con los estándares requeridos para un juicio oral.

El lunes 18 de agosto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos difundió las primeras fotografías del traslado de Chávez Jr. a México. En las imágenes, el boxeador aparece esposado de manos y tobillos mientras es entregado a las autoridades mexicanas en el puerto de entrada de Nogales, Arizona. Según el ICE, Chávez Jr. fue considerado una amenaza para la seguridad pública debido a sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas.

Hasta ahora, enfrenta una orden de arresto emitida en marzo de 2023, derivada de una investigación iniciada en 2019 por delincuencia organizada y tráfico de armas. De ser vinculado a proceso, podría enfrentar penas graves, incluyendo la posibilidad de cadena perpetua por la gravedad de los delitos. Su exposición mediática también aumenta los riesgos, ya que su fama y su vínculo familiar con Frida Muñoz, viuda de Édgar Guzmán López, mantienen el foco de atención en cada paso del proceso judicial, lo que añade presión sobre las autoridades para garantizar transparencia y seguridad.