Ha hecho bien la Corte Constitucional colombiana, en cabeza de su presidente, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, en afianzar los criterios del Estado Social y Democrático de Derecho y poner en blanco y negro, en una importante declaración, los desafíos que desde la órbita global se han venido imponiendo a las instituciones regidas por el sistema de orden y libertades que definen la democracia en el mundo.

En ese sentido, fue, por decirlo así, una liturgia necesaria por parte de los magistrados colombianos (salvo por la firma de Vladímir Fernández) exaltar, en principio, la supremacía del ordenamiento constitucional del país, como se hizo en el conversatorio nacional e internacional convocado la semana anterior en Bogotá.

No en vano es la salvaguarda de la Constitución lo que permite asegur

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