La reciente designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia ha generado una gran controversia. Se ha revelado que enfrenta 12 investigaciones fiscales por presuntos delitos cometidos durante su gestión como ministro del Interior. Esta información proviene de la declaración jurada que presentó antes de asumir el cargo, la cual debía ser revisada por la presidenta Dina Boluarte y el premier Eduardo Arana.

Las investigaciones incluyen acusaciones de negociación incompatible, encubrimiento personal, tráfico de influencias, lavado de activos, malversación de fondos, abuso de autoridad, omisión de consignar declaraciones e interferencia de comunicaciones electrónicas. Cuatro de estas carpetas se abrieron en 2024, y una de ellas está relacionada con el caso del capitán Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, quien supuestamente sufrió represalias tras difundir audios del entonces ministro del Interior.

A pesar de que la Fiscalía intentó realizar un peritaje de voz, Santiváñez no se presentó para dar la muestra correspondiente, lo que ha retrasado la investigación. En 2025, el Ministerio Público abrió otras ocho carpetas fiscales que complican aún más la situación del actual titular del Minjusdh. Santiváñez ha declarado que las investigaciones son producto de "intereses políticos" y ha afirmado que se mantendrá en el cargo para dar "mayor agilidad" a la reforma de justicia.

Entre las acusaciones más graves se encuentra una investigación por tráfico de influencias agravado, donde se le señala de haber exigido dinero a allegados de un cliente preso para influir en el Tribunal Constitucional. Esta situación ha llevado al Poder Judicial a dictar un impedimento de salida del país por 18 meses, a solicitud de la Fiscalía de la Nación, debido al riesgo de que Santiváñez pueda evadir la justicia.

La Corte Suprema ha argumentado que existen factores que evidencian el peligro procesal de que el ministro pueda rehuir a la acción de la justicia, como su capacidad económica y sus numerosos viajes al exterior. La presencia de Santiváñez en el país es considerada necesaria para llevar a cabo diligencias importantes, como la toma de muestra de su voz, que hasta ahora no se ha realizado.