A los familiares de cinco personas asesinadas por integrantes de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, en la conocida masacre de Santuario, en Antioquia, ocurrida durante el pasado 28 de noviembre de 1996, les prote gieron sus derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad y el acceso a la administración de justicia tras un fallo del Consejo de Estado.

En el fallo de esa alta corte, se le terminó ordenando al Tribunal Administrativo de Antioquia, que ya se pronunció en una primera oportunidad, proferir una nueva sentencia en un plazo no mayor a 20 días, aplicando los criterios de flexibilización probatoria para graves casos por violación a los derechos humanos.

Eso quiere decir que dichos parámetros fueron desconocidos por esa instancia judicial, durante el desarrollo del

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